Junto con suprimirse a los abogados integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, y los cargos de fiscales judiciales, la iniciativa legal crea un nuevo régimen de integración de salas en caso de ausencia o inhabilidad de los ministros.

La situación se originó luego de que una interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua dedujo acción de protección en contra de una paramédico de ese recinto que, sostuvo, la ha indispuesto con otras internas lo que llevo a que sufriera amenazas.La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la acción constitucional, al determinar que […]

“las sanciones que pudieren haberse impuesto provienen de una decisión jurisdiccional y no del actuar de Carabineros”.

La sala designada por el Presidente del TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad dirigido en contra del inciso tercero del artículo 20 del Decreto Ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija su ley orgánica.La gestión pendiente invocada es un proceso tramitado ante el […]

«no es una vía procesal idónea para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar o anular éstas»

(…)esta regulación contenida la Ley N° 18.314, contiene “penas desproporcionadamente altas” y que por medio de ella “determinadas garantías son relativizadas e incluso suprimidas”, lo que queda de manifiesto “al establecer un quórum especial para la revocación de prisiones preventivas”, como también “al consagrar los denominados testigos protegidos o sin rostro como medio de prueba legitimo que puede presentar el órgano persecutor en el juicio oral para acreditar su imputación”.

«establece que los abusadores sexuales y los violadores queden inhabilitados a perpetuidad para trabajar en actividades que tengan vínculos con menores de edad, dado que en el delito de abuso sexual, por regla general, se ha demostrado que sus autores continúan cometiendo delitos de la misma especie y naturaleza y los márgenes de rehabilitaron son muy bajos».

La Sala del Senado aprobó –por unanimidad- el proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica gratuita a las víctimas de delitos.La enmienda, iniciada por moción de los senadores Espina, García, Prokurica, y de los ex Senadores Allamand y Romero (Vea texto íntegro de la moción, informes y […]

» incluso la Contraloría General de la República se pronunció al efecto, al dictaminar que tales cierres no eran factibles por cuanto no existía norma legal expresa que autorizara las medidas de control de acceso y en qué condiciones, por tanto admitía con carácter de excepcional la posibilidad de que las municipalidades, en resguardo de la seguridad ciudadana, autorizaran el cierre de calles y pasajes de una sola entrada o salida.»

(…)la protección es “un medio expedito y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado” y no constituye “un juicio declarativo de derechos”.