Las demandadas fueron condenadas solidariamente al pago de $7.000.000 por concepto de daño moral.
Respecto de la imputación de abuso de posición dominante, el Tribunal precisó que no se imputó dominancia a ninguna de las demandadas en específico ni tampoco dominancia colectiva a todas ellas, presupuesto esencial para conocer este tipo de ilícitos.
El actor faltó a sus labores avisando al empleador.
El máximo Tribunal de España consideró los acuerdos conformes a derecho y las sanciones, proporcionales.
El tribunal estimó que los incumplimientos alegados no revestían la gravedad requerida por la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo.
La Magistratura constitucional colombiana examinó una situación de ocupación irregular de un predio, en el marco de la cual un grupo de 57 ocupantes, conformado por víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos de especial protección constitucional, presentó acción de tutela.
La presente acción tendrá solamente por objeto resolver de la reclamación de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.
El actor no denunció el hecho ni concurrió a la mutual de seguridad.
El Tribunal mantuvo las sanción aplicada a la empresa de informática por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada por involucrado en el accidente no tiene carácter de reservada, por lo que debe ser entregada al requirente.
