Se ampliaría de cinco a quince el número de integrantes del máximo Tribunal.
Detenidas fueron sometidas a su revisión. Les instruye desprenderse de la parte superior de su ropa, luego bajar su pantalón y ropa interior, disponiéndoles que se agachen, quedando su zona genital y anal desnuda y a vista de la funcionaria.
Se trata de una controversia que debe ser debatida en un juicio de lato conocimiento cuyas garantías procesales son mayores que las de un procedimiento de naturaleza cautelar como el del recurso de protección.
La profesional desempeñó su labor sujeta a una jornada de trabajo, bajo supervisión e instrucciones de la demandada, percibiendo un estipendio fijo; todas características que configuran el vínculo de subordinación y dependencia (arts. 7 y 8 del Código del Trabajo).
Aun suponiendo que la reputación de los actores hubiera sido dañada, ello no se debió a la hipótesis esgrimida por el autor, sino a consecuencia de las sospechas expresadas contra ellos que llevaron a que fueran puestos bajo investigación en un proceso que suscitó amplia atención de los medios.
Es una de las instituciones más prestigiosas y respetadas de nuestro país, por lo que es necesario reinstaurar la autoridad que antes inspiraba Carabineros de Chile, reposicionándolos como elementos clave de la convivencia nacional.
Con el pasar del tiempo, muchos espacios públicos terminan siendo vandalizados por medio de rayados o “tags”.
La administración de las pensiones de las cuales son beneficiarios los niños recae, por regla general, en los padres. Sin embargo, cuando haya una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los niños, las entidades pueden realizar el pago de la pensión a quienes tengan la titularidad del derecho de custodia.
Mientras que en el procedimiento ejecutivo le está permitido, incluso de oficio, examinar el título y denegar la tramitación de la demanda, al tenor de lo que prevé el artículo 435 del CPC y el deudor oponer las correspondientes excepciones relativas a la vigencia, liquidez o exigibilidad de la obligación.
Las conversaciones aportadas por el ejecutado no dan cuenta de una real intención de prorrogar el cobro de un crédito adeudado, hecho ponderado por la judicatura de fondo sin la existencia de infracción a las normas reguladoras de la prueba.
