Las recurrentes intentaron acreditar en sede de casación que poseían un título que justificara su ocupación en dos predios pertenecientes a una sociedad de inversiones, hecho que está vedado en sede de nulidad sustancial.
El actor no encargó la notificación de la audiencia de conciliación, ni solicitó el nombramiento de un receptor ad hoc por motivos de la contingencia sanitaria.
La intervención en los mandatos constitucionales relacionados con el acceso futuro a una pensión digna, el derecho a la salud y la sostenibilidad financiera, es de intensidad leve, tomando en cuenta la falta de certeza sobre el riesgo presunto y toda vez que no necesariamente todos los afiliados al sistema privado han hecho efectivo el retiro.
El requirente alegó que el precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador, contraviniendo abiertamente el texto constitucional.
El arma incautada y las municiones no son funcionales ni complementarias por lo que se quebranta la unidad jurídica de acción, y ambos ilícitos deben sancionarse de forma independiente.
Los antecedentes expuestos hacen del despido una respuesta desmedida. La empresa pasa de tolerar el proceder de la trabajadora a extinguir el contrato de trabajo, sin pasar si quiera por las fases previas de sanción por falta leve o por falta grave llegado el caso, de ahí la desproporción entre el comportamiento de la trabajadora y la respuesta del empleador.
El CPLT desestimó la alegación del Servicio de que no contaría con este antecedente en su Registro de Matrimonios, pues del mismo se puede desprender con facilidad de la fecha de nacimiento de los celebrantes
El requirente alegó que se le aplica una sanción automática por conductas que no le son imputables, vulnerando sus garantías constitucionales.
La demanda ejecutiva fue notificada en abril de 2021, pero fue presentada en diciembre de 2019, por lo que los jueces de fondo no debieron aplicar el artículo 8 de la Ley N°21.226 para rechazar la excepción de prescripción de la acción cambiaria y ordenar seguir adelante con la ejecución.
La Ley 19.995 establece que los juegos de casinos solo podrán desarrollarse por los operadores autorizados en sus establecimientos y que en ningún caso sus permisos se extienden a juegos de azar online.
