“la obligación que se cobra es una obligación legal, vale decir, que tiene su fuente directa en la ley, y cuyo sujeto pasivo o deudor es el propietario de las instalaciones, quien queda sujeto a la prestación de ejecutar las obras de traslado; mientras que el acreedor es el Ministerio de Obras Públicas como órgano de la Administración del Estado que, a través de la Dirección de Vialidad, tiene competencia sobre los caminos públicos. En el caso de autos, pese al hecho que Chilesat S.A. era la única obligada legalmente a soportar el costo de los trabajos, éste lo asumió el Fisco, de manera que tiene derecho a que se le restituyan los dineros desembolsados en detrimento del patrimonio fiscal”.

«se requiere del quorum de dos tercios de los senadores presentes en la Sala para reponer un proyecto de reforma constitucional, que fuere rechazado por la otra Cámara».

«resulta irrelevante que sea de responsabilidad del Serviu la reparación de las aceras y de la red primaria y secundaria de los sistemas de evacuación y drenajes de aguas lluvias, desde que de acuerdo al artículo 174 antes citado el municipio es responsable de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia de la falta o inadecuada señalización del mal estado de las vías, cuyo es el caso de autos”.

«es dable concluir que las remuneraciones del funcionario se encuentran en suspenso, y que será la resolución que ponga fin al sumario administrativo la que determinará si el carabinero es reincorporado a las filas, caso en el cual se devengarán, en su beneficio, las remuneraciones por el periodo en el cual estuvo alejado de sus funciones o, por el contrario, quedará ratificada la sanción impuesta, en cuyo caso los efectos de la primera resolución que decreta la baja con efectos inmediatos serán definitivos.”

“este no es un sistema de salud”, sino que “es un simple sistema de riesgos de seguros financieros concentrados, con contratos leoninos y protegidos por una norma que no hemos podido cambiar”.

Un grupo de vecinos, interpuso una acción constitucional en contra de un individuo que se habría apropiado de una franja de terreno que pertenece al camino de acceso a sus terrenos. La Corte de Apelaciones de Santiago, acogió la acción de protección, al concluir que el recurrido con su actuar arbitrario alteró la situación de hecho que por lo demás es respetada y tolerada por todos los vecinos.

“Habida cuenta que se trata de un sumario administrativo en el que se ha fallado conforme a derecho y que la resolución dictada no afectan ninguno de los derechos invocados por la recurrente y teniendo presente que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, al establecer el Recurso de Protección, distingue -aunque equiparando sus efectos- la arbitrariedad de la ilegalidad, debe estimarse que no hay tampoco arbitrariedad»

«las PYMES generan casi el 80% del empleo en nuestro país, siendo el motor más importante de la economía y representando el sustento de miles de familias chilenas, por tanto, en caso de contraer deudas, se genera un aumento desmedido producto de multas e intereses generando un círculo vicioso».

“Se ha verificado por la autoridad técnica discordancias entre las obras ejecutadas y aquellas previamente autorizadas, lo que constituye una infracción a la normativa urbanística pertinente, justificándose la dictación del acto que por esta vía se pretende impugnar. Por estas consideraciones, esta alegación deberá también ser desechada.”.

«no puede estimarse que el proyecto consagre un “privilegio”, violatorio del inciso primero del artículo 19, N° 2°, de la Constitución, por la circunstancia de que los armadores actualmente autorizados puedan acceder a las licencias transables de pesca clase A, con una cuota individual de captura que se determina por un criterio de participación histórica, u opten por mantener su situación preexistente, configurada por las leyes N°s 18.892 y 19.713».