El Tribunal de alzada anuló la sentencia condenatoria, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, por manifiesta falta de fundamento.
En la resolución el ministro Mesa Latorre sindicó al efectivo de la Policía de Investigaciones, a la época de los hechos, en calidad de autor del delito.
La Sala del Senado deberá revisar la propuesta respaldada transversalmente, por la Comisión de Seguridad Pública en su última sesión.
El magistrado acogió el plazo de investigación propuesto por la Fiscalía y, dado que el imputado tiene fuero parlamentario, no se solicitaron medidas cautelares en su contra.
A pesar que la resolución impugnada no es una sentencia definitiva que ponga termino al juicio, la pena sólo podrá cumplirse una vez que se encuentra ejecutoriada conforme al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
Alega que la decisión fue arbitraria ya que otorgó un tratamiento diferenciado respecto a otro tipo de casos e imputados.
La decisión administrativa es arbitraria por ser un obstáculo al derecho a la vida del recurrente, quien puede subsistir gracias al medicamento donado; además, la internación del fármaco no constituye un gasto para las arcas del Fisco por ser una donación en el marco de una colaboración científica.
El Tribunal acogió los argumentos del recurrido, que citó la Ley de Urbanismo y Construcción y normas del Código Civil que regulan acciones y procedimientos especiales para el conocimiento y resolución de la controversia.
Por el solo ministerio de la ley se autoriza la tenencia y porte de armas a víctimas del terrorismo que sean reconocidas como tal por una sentencia judicial firme o ejecutoria.
El trabajador tenía conocimiento del porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia que padecía al momento de consentir el finiquito y aceptó el acuerdo económico alcanzado con la empresa, renunciando a interponer acciones relacionadas con esta materia.
