La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, el acto recurrido se ajustó a la legalidad.
La gestión pendiente incide en autos sobre recursos de casación en la forma y en el fondo, seguidos ante la Corte Suprema.
La Magistratura constitucional adujo que esto, no exonera al Estado de su responsabilidad de asegurar a los colombianos, una reparación patrimonial en caso de un daño antijurídico causado por los beneficiarios del instrumento internacional.
El Derecho no se opone a la obligación de información a la que están sujetos los prestadores de servicios publicitarios extranjeros en relación con dicho impuesto.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.
La Corte de Valdivia indicó que, de los antecedentes reunidos resultan insuficientes para tener por acreditados los hechos constitutivos a falta a la probidad que reclamó el recurrente.
La Magistratura española adujo que existe una contradicción formal insalvable entre la disposición autonómica impugnada y la normativa básica estatal.
La Corte Suprema estimó que la orden de arresto que se pretende dejar sin efecto fue pronunciada por el órgano competente dentro del ámbito de sus atribuciones.
El máximo Tribunal ibérico rechazó el alegato del académico que argumentó en su recurso que la parte reproducida por él carecía de originalidad porque las ideas expuestas no eran una creación intelectual del alumno, sino que se las había dado él.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 3 inciso 5.
