La detección temprana puede ser un instrumento importante para obtener el tratamiento adecuado y oportuno.
No pudo probar en juicio que aportó el formulario faltante y que el municipio perdió el documento, por ende, el máximo Tribunal desestimó sus argumentos en sede de nulidad sustancia. Además, porque la recurrente invocó nuevos hechos sin acusar infracciones a las normas reguladoras de la prueba.
Sin perjuicio de lo anterior, la exportación de los residuos peligrosos para su eliminación o valorización solo podrá efectuarse cuando en el país no exista capacidad técnica para eliminarlos, de acuerdo con un manejo ambientalmente racional y eficiente.
En modo alguno cabe argüir que, efectuada en tiempo y forma la notificación, la empleada que la recibió constituye un tercero a efectos de notificaciones administrativas. Tratándose de personas jurídicas lo que no puede admitirse es que, una vez efectuadas, la identificación del destinatario último de las notificaciones por ellas recibidas quede a su total arbitrio.
El delito de rebelión es considerado en el Código Penal como un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional; es el máximo atentado al sistema constitucional. Luego, el bien jurídico tutelado es el orden constitucional desarrollado por la Constitución, cuya protección obviamente es imperiosa. Consiste en el alzamiento en armas con uno de los fines antes indicados.
El Ejecutivo y el Senado alcanzaron un acuerdo en cuando a una fórmula que cierre brechas en las remuneraciones según el cálculo de inflación del 12% y se abordaron las distintas materias misceláneas que contiene la iniciativa, tales como, medidas pro retención de estudiantes y situación de contratos a honorarios en la administración municipal.
El máximo Tribunal estableció la improcedencia de la resolución que autorizó las medidas intrusivas en contra del imputado, cuya causa se encuentra suspendida por una eventual enajenación mental.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia cuestionada que ordenó, además, a la demandadas el pago de las tarifas adeudadas del contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales suscrito con la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD.
Un grupo de senadores planteó la urgencia de postergar en un año dicha tributación que afectará a diversas actividades, entre ellas, los gimnasios y los centros de acondicionamiento físico.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por manifiesta falta de fundamento.
