CGR determinó que no procede que municipalidades y gobiernos regionales celebren convenios o reciban aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en la calificación ambiental de proyectos o actividades.
El ente contralor adujo que no procede, a menos que se realicen como consecuencia de esa evaluación y en las condiciones que se indican.