Se dedujo acción de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Tercera Región de Atacama, por parte del Diputado Sr. Lautaro Carmona Soto y la Comunidad Colla de Pai Ote-Cerro Casale de la comuna de Copiapó, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la Resolución Ambiental N° 004 de 3 de enero de 2013, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale”, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo, por parte de una empresa, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la decisión de dicha repartición pública que no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de una resolución que le cursó una multa, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, la primera parte del inciso segundo del artículo 6° de la Ley N° 20.545, que modificó las normas sobre protección a la maternidad e incorporó el permiso postnatal parental

Se denunció ante la Contraloría General de la República –por parte de un concejal de la comuna de Buin- sobre la supuesta intervención electoral del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, en un acto desarrollado en un colegio de la mencionada comuna, en el que participó y se dirigió a los presentes un candidato a diputado por el Partido Unión Demócrata Independiente por esa zona. Agrega que a esa actividad no fueron invitadas las autoridades comunales, ni parlamentarios en ejercicio, por lo que a su juicio se habrían transgredido “los principios de probidad, legalidad y prescindencia político-partidista de la Administración”.

En días pasados, la Comisión Investigadora creada con el objeto de analizar el derecho de reunión, aprobó –con 6 votos a favor y 3 en contra- el informe que detalla la forma como se han desarrollado las manifestaciones sociales en los últimos años y la manera en que las fuerzas policiales las han abordado

Se consultó a la Contraloría General de la República –por parte de funcionarios de la Junta Calificadora del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén- acerca de cuál es el funcionario que debe presidir ese cuerpo colegiado en caso de que hubiera igualdad de grado remuneratorio entre dos servidores, perteneciente uno a la planta directiva en calidad de exclusiva confianza y el otro al estamento profesional

Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, los artículos 197 bis del Código del Trabajo; 7 y 8 del DFL N° 44, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de 1978; 16 del DL 3.500 sobre nuevo sistema de pensiones y el artículo 6 de la Ley N° 20.545, relativo al post natal parental de funcionarias públicas

TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 5 N° 3 del Código de Justicia Militar.

En segundo trámite constitucional quedó hasta el 6 de agosto el proyecto que crea el Ministerio del Deporte. Ello, luego que al inicio del debate en particular, el senador Fulvio Rossi, en nombre de su Comité, el Partido Socialista, solicitara segunda discusión para la iniciativa que cuenta calificación de discusión inmediata, es decir, de 6 días para ser despachada por cada rama legislativa.

Se dedujo un recurso de apelación en contra de la sentencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que denegó la solicitud de sobreseimiento definitivo pedida por cuatro imputados por cuasidelitos de homicidios y lesiones, sancionados en los artículos 490 y 492 del Código Penal, producto de hechos acaecidos con ocasión del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. Fundaron el arbitrio en las causales de las letras a) y b) del artículo 250 del Código Procesal Penal, esto es, por faltar ciertos elementos configurativos del tipo penal, particularmente la imprudencia en el actuar de los imputados y la infracción de reglamentos que establecieran obligaciones de actuar de éstos.