Al negarse a atenerse al mecanismo temporal de reubicación de solicitantes de protección internacional.
La Magistratura constitucional española adujo que las medidas acordadas cumplen las exigencias de los principios de legalidad y de proporcionalidad desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso y ejercicio del cargo público, conforme a la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que no todos los procedimientos ejecutivos tienen naturaleza idéntica y que, dado que no existe obligación constitucional que fuerce a establecer igual número de excepciones a la totalidad de procedimientos ejecutivos existentes, la norma en cuestión cumple con los estándares constitucionales del debido proceso.
Habiéndose transformado en bien familiar el inmueble que el cónyuge demandado vendió a un tercero después de presentada y proveída la demanda no podía celebrarse el acto de disposición y menos podría tener lugar la inscripción que le sucede.
Se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena, aunque concurran varias atenuantes.
Máximo Tribunal indicó que el Consejo de Defensa del Estado no tiene legitimidad pasiva automática frente a la defensa de órganos públicos centralizados.
Tribunal de alzada indicó que no se aprecia la vulneración a reglas de la sana crítica en el fallo y que el recurso parece más una apelación que una solicitud de invalidación.
El ente contralor sostuvo para que se configure la confianza legítima, debe quedar establecida una vinculación laboral cuya duración haya alcanzado al menos dos renovaciones anuales.
El objetivo principal del proyecto ingresado es ampliar las sanciones a quienes incumplan las normas en estados de excepción.
El objetivo principal del proyecto ingresado es crear figuras que sancionen penalmente la especulación de precios.
