Faculta al Ministerio Público a solicitar a la Corte Suprema que el conocimiento de la investigación y juzgamiento de los delitos terroristas se radiquen excepcionalmente en un Juzgado de Garantía y/o un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La edad mínima en la antigua Roma para ejercer la abogacía era de 17 años, sin embargo Justiniano determinó que debía estudiarse el derecho por lo menos de cinco años.

De «boceros» pasaron a ser conocidos como «letrados». Según la historia, el vocablo “letrado” era sinónimo de “sabio”, “docto” o “instruido” en cualquier cosa.

Los requisitos establecidos en el artículo 162 inciso quinto no proceden respecto de los finiquitos de trabajo.

La demandada fue condenada al pago de $90.000.000.

Desinformación y su vínculo con las interferencias electorales debido a la robotización, el uso de la inteligencia artificial en medios de comunicación y redes sociales. Los retos de la sociedad y de la economía digital, la naturaleza de la desinformación, las respuestas del derecho, los procesos de participación on line, las funciones y disfunciones de Twitter y Whatsapp. Además, del robo de datos, la manipulación de algoritmos, la robotización en el periodismo y en redes sociales, las filtraciones, los sesgos y la atribución de fuentes.

La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.

El causante falleció sin dejar testamento, por lo que basta que la actora acredite su calidad de hija para solicitar sus antecedentes médicos.

El artículo 13 de la Ley N°19.728 está redactado en términos imperativos.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.