“no sólo tiene efectos en relación con los derechos de los adolescentes” sino que también sobre su salud, pues la ausencia de certeza acerca del respeto de la confidencialidad “traba” la relación directa “con el o la profesional tratante”, transformándose en una “barrera de entrada al sistema” o “en un poderoso disuasivo para que el menor acuda oportunamente a recibir atención y consejería de salud sexual”.

El máximo tribunal declaró inadmisible la acción por encontrarse extemporánea.

“poner término inmediato a la discriminación y perjuicio que hoy tienen los cónyuges de vínculo matrimonial vigente” y “cumplir con el mandato constitucional de dar protección a la familia propendiendo al fortalecimiento de ésta, y hacer efectiva la garantía que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados”

Con el fin de pormenorizar la precitada regulación constitucional se dictó la Ley N° 19.638 (D.O., 14 octubre 1999), que estableció normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas.

Un matrimonio dedujo recurso de protección en contra de la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores de la Región de Aysén, quién emitió un certificado que califica a los recurrentes como no idóneos para acceder a la adopción de un menor, lo que estiman contrario a la igualdad ante la ley y al respeto […]

Se hace necesario “abordar el creciente fenómeno relativo a personas condenadas o imputadas que se marginan del sistema”, ya que a pesar de que “los actores intervinientes del mismo han reaccionado buscando soluciones parciales”, estos esfuerzos “no han resultado suficientes”, puesto que el número de personas que se encuentran en la “situación irregular antedicha se mantiene preocupantemente alto”.

La iniciativa define la “buena convivencia escolar” como “un requisito esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje”, lo que “supone la interrelación positiva entre los diferentes miembros y estamentos de los establecimientos educacionales, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de alumnos y alumnas”.

El objeto de la sociedad recurrente “es la inversión en toda clase de bienes muebles incorporales e inmuebles corporales e incorporales, administrarlos y percibir sus frutos y rentas, pudiendo además realizar todas las operaciones o negocios que los socios acuerden, actividades que importan la obtención de lucro o ganancia.”

Con el fin de “aumentar la transparencia respecto de las operaciones cambiarías realizadas por el Gobierno Central y así permitir la evaluación del efecto sobre el tipo de cambio de los eventuales descalces cambiarios del Fisco”

(…)puede dejar sin intervención a aquellos que tengan un legítimo interés para la adecuada investigación de un caso concreto”, pues “es frecuente que entre tales personas puede existir discrepancias en la calificación de los hechos materia de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público”.