Los requirentes impugnaban dichas normas al estimar que afectaban el núcleo esencial de su derecho de dominio.
El actuar de la recurrida fue arbitrario, toda vez que en el texto notificado no se precisan los departamentos utilizados, la fecha de los hechos, ni la clase de actividades económicas que se le imputan a la recurrente. Con todo, es posible que un reglamento de copropiedad imponga restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, en sus diversas manifestaciones.
El artículo 5 de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria no establece la opción de suspensión del suministro de agua para estos casos, pues se refiere exclusivamente al corte de la energía eléctrica.
Para condenar se tuvo en consideración la naturaleza y gravedad de los hechos como así también las circunstancias personales del acusado.
El requirente alega que la norma impugnada atenta contra el debido proceso.
Para decretar alguna medida tendiente a resguardar derechos fundamentales debe existir trascendencia en lo infraccionado, y en la especie, el hecho denunciado de modo alguno amenaza el ejercicio de los derechos supuestamente vulnerados.
Con ello se afecta los derechos del justiciable, al no poder recurrir del mismo pues no ha llegado a nacer a la vida del Derecho en los términos que éste lo prevé.
Durante los años 2016 a 2021, según cifras oficiales publicadas por Carabineros, se registró un total de siete funcionarios que fallecieron en servicio. En lo que va del año 2022, se alcanzó la misma cifra, es decir, siete decesos en diez meses.
También establece la colaboración de las Fuerzas Armadas y de Orden en controles migratorios.
Esta crisis puede ser superada sin poner en riesgo la institucionalidad democrática. El Tribunal Constitucional está llamado a ser un árbitro que evite arbitrariedades o excesos que quebranten el principio de legalidad y debido proceso, mismos que, de no respetarse, pueden generar afectaciones a la democracia en el Perú.
