El Tribunal de alzada acogió a tramitación el recurso interpuesto por el municipio, que busca el cese de acciones que impidan o entorpezcan la circulación y libre tránsito de los camiones recolectores de la empresa Cosemar S.A., Gestión Ambiente S.A. y vehículos municipales, destinados a la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal del colegio particular pagado, al condicionar la matrícula de los estudiantes, al pago previo de las deudas.

La gestión pendiente incide en proceso laboral, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Sufre una enfermedad que le impide desarrollar su actividad como piloto comercial y fue desvinculado de su trabajo.

La situación se ha agravado durante estos últimos años.

La gestión pendiente incide en autos sobre juicio ejecutivo de cobro de indemnización sustitutiva por falta de aviso previo y de indemnización convencional por años de servicio, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de apelación.

Sin embargo, consideró desproporcionada el hecho de que fuera para todos los establecimientos que desarrollan actividades de hotelería y turismo, puesto que la exclusión del IVA impide descontar el IVA gastado para la prestación del servicio.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Esto, a propósito de requerimiento de la Municipalidad de Punta Arenas, solicitando la reconsideración del Informe Final N° 961, de 2019, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.