La mera transcripción o simple paráfrasis de disposiciones constitucionales impide que los considerandos provean al elector con información específica que permita contextualizar la problemática concreta que aborda la pregunta sometida a control.
Para contar con estructuras que nos permitan enfrentar de manera eficiente las actuales falencias en cuanto a dichos ilícitos se refiere.
Entregar información o dato relativo al RIT de las causas penales es pública y legal, ya que no afectan los datos personales y la vida privada de las personas, aunque el dato permita -mediante el cruce de información-, conocer la identidad de una persona.
Recurrente alegó que la solicitud de inscripción de marca autorizada por el INAPI y el tribunal de fondo, no ponderó de forma correcta los medios de prueba que aportó, para señalar que la nueva marca coincidía en signos gráficos con otras marcas existentes en las mismas clases.
La Ley N°20.027 trata al deudor estudiantil dentro de un grupo especial, estableciendo beneficios y facilidades de pago para los créditos de educación superior, los que no contemplan en la Ley N°20.720 que rige en forma general los procedimientos de liquidación concursal.
La libertad de enseñanza de los padres se circunscribe a la facultad de enseñar a los hijos sin perjuicio del cumplimiento de su deber de escolarización y, de otro lado, es respetuosa con el derecho a la educación, reconocido por la Constitución. Dejando a un lado su dimensión prestacional, no alcanza a proteger la decisión de los padres de no escolarizar a sus hijos.
Además, incorpora la pena accesoria de expulsión del territorio nacional cuando el condenado fuere de nacionalidad extranjera.
El trabajador demandó en enero de 2020 por auto despido a su empleador, no obstante, la acción fue entablada fuera de plazo ya que el demandante dejó de ir a trabajar en septiembre de 2019, por lo que se considera esa época como el momento en que renuncia voluntariamente.
A pesar de no estar explícitamente reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho a la libertad bajo fianza debe interpretarse de manera amplia para incluir el derecho a ser informado de ella y el derecho a la asistencia letrada.
Además, prohíbe el incentivo económico de cualquier índole que induzca a la derivación de pacientes o la realización de exámenes complementarios con un prestador de acciones de salud determinado.
