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Reitera jurisprudencia.

CS rechazó casación en el fondo respecto de sentencia de la Corte de Santiago que había desestimado un reclamo de ilegalidad por pago de patente municipal de sociedad de inversión.

la sentencia impugnada se limitó a seguir la tesis aceptada por el máximo tribunal, sin que el reclamante haya aportado argumentos que permitan desvirtuar tal convicción, toda vez que ha quedado demostrado que el giro de la reclamante “comprende la ejecución de actividades que importan la obtención de lucro o ganancia, es decir, se trata de actividades lucrativas y, por consiguiente, configuran un hecho gravado en el citado artículo 23” de la Ley de Rentas Municipales.

9 de enero de 2013
Sin fundamento razonable.

TC declaró inadmisible inaplicabilidad que impugnaba normas relativas al apremio para el pago de deudas municipales.

en la gestión judicial invocada, ya ha sido decretada la medida de apremio de arresto -en contra del Alcalde de la Municipalidad de La Ligua-, según lo permiten las disposiciones legales cuestionadas. De esta manera, lo que intenta impugnarse es la resolución judicial que ordenó el arresto de la autoridad aplicando esas disposiciones. Lo anterior queda de manifiesto si se atiende a lo expresado en el petitorio del libelo de autos, en el que se solicita a esta Magistratura que decrete «el cese inmediato del apremio de arresto ordenado contra el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua…»

9 de enero de 2013
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos se aplica supletoriamente.

CS acogió recurso de casación en el fondo contra sentencia de la Corte de Santiago que rechazó reclamo de multa por infracción sanitaria.

“el plazo para deducir la reclamación se interrumpió con la interposición del recurso de reconsideración y sólo comenzó a correr nuevamente una vez que fue notificada la resolución que lo rechazó”, por lo que no debió haberse acogido la excepción de caducidad de la reclamación.

9 de enero de 2013
A petición de la Asociación Nacional de Funcionarios de SII.

Contraloría se pronunció acerca del conflicto de interés del Director Nacional y el Subdirector Jurídico de Servicio de Impuestos Internos en caso de Johnson´s S.A.

«el principio de probidad administrativa tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley, lo que ha sido reafirmado por la jurisprudencia de esta Contraloría General en los dictámenes N°s. 20.063, de 2004; 34.935, de 2011, y 25.336, de 2012, y en particular mediante el oficio N° 68.808, de 2011, en donde se le señaló expresamente a esa autoridad tal circunstancia».

9 de enero de 2013
No existe gestión pendiente.

TC declaró inadmisible inaplicabilidad que impugnaba norma del Código del Trabajo relativa al abandono del recurso de nulidad.

restando sólo la dictación del «cúmplase» de la sentencia, la preceptiva impugnada no puede recibir aplicación en dicho trámite, toda vez que el Tribunal que conoce del asunto ya ha adoptado una decisión sobre el fondo del mismo y posteriormente se ha declarado el abandono del recurso, verificándose además la causal de inadmisibilidad del numeral 5° del artículo de la LOCTC.

9 de enero de 2013
Solicitante no ha manifestado su disconformidad con la respuesta.

CPLT acoge amparo deducido en contra de la Municipalidad de Concón pero tiene por cumplida la obligación en forma extemporánea.

Se dedujo amparo de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Concón, por no recibir respuesta a su requerimiento de solicitud de información relativa al monto que dicho Municipio gastará en publicidad en los meses de julio, agosto septiembre y octubre de 2012 en comparación a los mismos meses de los últimos […]

8 de enero de 2013
Con disidencia.

CS rechazó recursos de casación en contra sentencia que declaró prescrita la acción de nulidad de Derecho Público.

“es por ello que la acción deducida es declarativa de derechos y no de nulidad de derecho público, siendo la declaración de nulidad solicitada, en realidad, una solicitud de declaración de ilegalidad para los efectos de pedir se declare su derecho a ser indemnizado, como por lo demás lo señala expresamente el actor, acción que como ha reiterado esta Corte Suprema se encuentra sometida a las reglas generales sobre prescripción”.

8 de enero de 2013
Operación Aeromilitar.

Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Colombia en el denominado caso “Masacre de Santo Domingo”.

«la Corte expresó que la sentencia constituye una forma de reparación, obligó al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del caso, a publicar y difundir la sentencia, a brindar un tratamiento integral a las víctimas, entre otras medidas de reparación».

8 de enero de 2013
Páginade 3933