La decisión fue dada a conocer por el Ministerio Público chileno –representante del Estado requirente para los efectos del proceso de extradición– atendido que en días pasados la Corte Suprema de Colombia declaró la ilicitud de pruebas obtenidas por el Ejército de ese país obtenidas en una incursión militar en territorio de Ecuador ejecutada como parte de la operación “Fénix”, dirigida en contra de las FARC, que se hicieron valer en Chile en el proceso de extradición.

La gestión pendiente invocada es un juicio penal seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en el cual se dictó el auto de apertura de juicio oral y donde el requirente tiene la calidad de imputado y acusado.

También precisa que el medio o sistema utilizado para acelerar la muerte, como su modo de aplicación, son válidos cuando cumplan cada uno de los siguientes requisitos: 1) Estar reconocido por la ciencia médica como idóneo para acelerar la muerte; 2) Causar el menor sufrimiento posible, tanto físico como sicológico, al paciente; y 3) Considerar en todo momento y por sobre todo el respeto de la dignidad humana del paciente.

(…) no correspondiéndole a las Cortes -en el contexto de una acción de naturaleza cautelar- asumir el “rol de adoptar decisiones que la ley asigna a órganos idóneos o expertos, erigiéndose como una instancia revisora que efectué una nueva evaluación ambiental del proyecto”, lo que “excede los márgenes de una acción como la intentada”.

Para ello citó a una audiencia pública que se celebraría el mismo día de la vista de la causa y con anterioridad a ésta, esto es, el día 21 de junio de 2011. Sin embargo, atendido el alto nuecero de solicitudes que ingresaron a la Secretaría del Tribunal -108 presentaciones escritas-, de las cuales 46 solicitaron ser oídas en la audiencia pública, la Magistratura Constitucional acordó que la referida audiencia se inicie el día de hoy.

Observa luego que el cobro extrajudicial es “una de las circunstancias más odiosas”, ya que se efectúan llamadas telefónicas incluso “durante los fines de semana” en el que las personas descansan, desarrollan su vida familiar y se abstraen “de los problemas de orden financiero”.

Observa luego que en la práctica el uso de los boletines se ha “extendido mas allá de su fin original”, el cual era “otorgar una garantía al futuro acreedor de que el deudor con quien se contrataría sería un buen pagador”, mientras que hoy existe una verdadera «fiebre por el Dicom”.

La iniciativa surgió para terminar con el perjuicio arbitrario que sufre la Región de Arica y Parinacota en lo que dice relación con la representación de sus intereses en el Senado, porque si bien en la última elección parlamentaria eligieron senadores comunes con la Región de Tarapacá, existen intereses, problemas y un criterio de desarrollo diferentes entre ambas regiones.

«Luego el fallo se apoya en nueve consideraciones que va desarrollando para concluir que la ley Nº 19.882 no estableció el límite temporal en la confidencialidad que impone a los procesos de selección, la que se proyecta una vez terminados éstos».

Los autores de la iniciativa estiman que la información que se envía al Congreso Nacional “es insuficiente”, ya que no “permite realizar un seguimiento que vaya más allá del registro meramente financiero de las actividades del sector público” y “establecer con claridad los objetivos, metas, actividades y recursos utilizados por el Gobierno en cada actividad o programa gubernamental”.