Al tenor del artículo 442 del código adjetivo la declaración de prescripción de la acción ejecutiva es excepcional y no procede en contra de plazos menores como el de la acción cambiaria, por lo que el tribunal de base no debió denegar la tramitación a la demanda interpuesta.

Rechazó petición de nulidad al estimar que la prueba obtenida mediante la infracción a las garantías del acusado no tuvo la entidad suficiente para incidir en la convicción del tribunal al momento de dictar el fallo.

El delegado presidencial sólo puede impedir la ocupación ilegal cuando se trata de bienes nacionales de uso público, no así de bienes fiscales, alega la recurrente.

La policía ingresó al lugar por invitación de la hermana del actor para aclarar una denuncia por violencia intrafamiliar, momento en que los funcionarios se percataron de la existencia de drogas y municiones al interior del domicilio.

Este derecho posee dos acepciones: la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La primera referida a la norma aplicable a todos los que se encuentren en la situación descrita en ella. La segunda exige que un mismo órgano no pueda modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales.

El incidente de abandono del procedimiento tiene lugar en la medida que las partes estén en situación de poder realizar alguna actuación que implique una gestión útil.

Esta es la correcta aplicación e interpretación del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo que en la especie el máximo Tribunal absolvió al demandado de la ejecución.

Las inhabilidades son restricciones a la capacidad jurídica de las personas para entablar ciertas relaciones jurídicas con el Estado. Buscan garantizar la transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio público, para que prime el interés general sobre el particular.

La sanción accesoria por reincidencia no puede ser más severa, si los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad fueron cometidos antes de la modificación introducida por la Ley 20.580.

La naturaleza de la acción de protección es claramente tutelar y ahí radica la diferencia con las acciones ordinarias de conocimiento, pues, los derechos constitucionales no son declarados, dado que preexisten y lo único que se determina a través de la acción de protección es si concurre la violación de derechos constitucionales.