En situaciones fácticas idénticas la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales de Argentina ha reconocido el derecho de indemnización a personas que fueron sujetas a un régimen de libertad vigilada.
Busca terminar con prácticas crueles e innecesarias contra los animales.
La sentencia señala que la reclamación se dirige en contra de una resolución que resuelve un procedimiento administrativo de invalidación, por lo corresponde determinar si la reclamante tiene acción para recurrir e impugnar ante el Tribunal Ambiental.
El Tribunal de alzada acogió, con costas la acción cautelar, tras establecer que la reiterada insistencia de cobrar por vía extrajudicial y telefónicamente constituye un ejercicio abusivo de una facultad, que deviene en arbitrariedad.
El máximo Tribunal consideró que no hubo infracción al no considerar el examen de pureza de la droga incautada.
El máximo Tribunal descartó falta o abuso grave al acoger la caducidad.
Más allá del entusiasmo inicial de Exxon Mobile y de Guyana (que debería decaer significativamente a raíz de esta decisión de la CIJ), cabe precisar que esta sentencia no fue exenta de debate entre los mismos jueces sobre el otro punto resolutorio: el de saber si hay (o no) manera de sostener la existencia de un consentimiento previo de Venezuela (sin el cual, la CIJ debió de declararse incompetente).
Los requirentes señalan que Lo relevante en la causal que se invoca es resguardar el cumplimiento de los objetivos y funciones del organismo en cuestión, más sancionar la mala intención. Por ello, la misma tampoco debe acreditarse.
El Tribunal de alzada descartó infracción a la prueba rendida en la sentencia de primera instancia.
AFP Modelo recurrió a tribunales tras orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) a la Superintendencia de Pensiones (SP) de entregar sus notas explicativas e informes diarios entre 2002 y 2018, aludiendo afectación a sus derechos comerciales o económicos.
