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Tribunal Constitucional de Perú.

Congreso de la República no invadió las competencias del Poder Ejecutivo en materia de salud.

El principio de separación de poderes se refiere a la autonomía funcional y a la distribución de diferentes competencias de los poderes del Estado, así como atribuciones de los órganos constitucionales autónomos. Así, en virtud de este principio se reconoce la división de poderes, como también se prevén formas razonables para la resolución de las controversias o tensiones que eventualmente surjan entre tales poderes y órganos.

10 de noviembre de 2022
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es procedente la extradición a Estados Unidos de un traficante mexicano que fue detenido en Reino Unido.

Si bien no es posible determinar la sentencia que el actor recibiría si fuera declarado culpable en Estados Unidos, sí tendría la oportunidad de ofrecer evidencia sobre cualquier factor atenuante, y el juez estaría obligado a tomar en cuenta las sentencias dictadas en casos análogos. También tendría derecho a apelar contra cualquier fallo impuesto.

10 de noviembre de 2022
Corte Constitucional de Ecuador.

Es inejecutable el fallo dictado en sede nacional que condenó a organismo de la ONU al pago de una indemnización de perjuicios.

Los organismos especializados de Naciones Unidas, como es la ONU-PMA, gozan de inmunidad de toda jurisdicción, salvo en caso que renuncien expresamente a la misma. No obstante, la renuncia de inmunidad no puede extenderse a ninguna medida de ejecución. Por tanto, gozan de inmunidad funcional de jurisdicción e inmunidad de ejecución; la primera puede ser objeto de renuncia, mientras que la segunda no.

10 de noviembre de 2022
Algunas precisiones a la iniciativa legal.

Corte Suprema emite informe sobre proyecto de ley que busca garantizar derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para el máximo tribunal del país, la mantención de un sistema dual de conocimiento de la violencia de género, especialmente en el ámbito doméstico, continuará generando desafíos para el sistema pues existen riesgos ciertos para la seguridad y para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas, al no otorgarse un tratamiento integral en alguna sede (reconociendo que dicho tratamiento integral podría no ser posible de justificar en sede judicial en términos de número de ingresos y los recursos necesarios para atenderlos).

9 de noviembre de 2022
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