La carencia de la autorización de residencia y trabajo no invalida el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni es obstáculo para que obtenga las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle.

Si bien la sentencia judicial reviste la condición de prueba documental, para que tenga eficacia positiva requiere que la declaración del derecho conste en un fallo que se encuentre firme y ejecutoriado.

El derecho de la Unión Europea se opone a una normativa nacional que permite el decomiso, a favor del Estado, de un bien del que se alega que pertenece a una persona distinta del autor de la infracción penal, sin que esa persona tenga la facultad de intervenir como parte en el procedimiento de decomiso.

La iniciativa considera que este dispositivo presenta resultados que inclusive conducen hasta la abstinencia pero actualmente su colocación y tratamiento privado bordea los $300.000.

La instancia continuó este lunes con las audiencias y escuchó las opiniones de dos ONG’s que respaldaron la iniciativa y de los representantes de las compañías de seguros que advirtieron de una baja en las pensiones si se aprueba el proyecto.

El máximo Tribunal mantuvo la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primer grado que acogió excepción de falta de legitimación activa de la demandante.

El Tribunal de alzada desestimó una errada aplicación del derecho en la sentencia apelada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de La Serena.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

«Existe peligro de fuga ya que si quedase en libertad podría intentar sustraerse de la acción de la justicia y tal como expuso el Ministerio Público, incluso pueden existir problemas en cuanto altere o intente alterar la investigación o influir en ella, toda vez que existen dos promesas de compraventa falsificadas que fueron presentadas por él mismo para justificar algunas de las actuaciones mencionadas”, razonó la magistrada 

La ley tiene por finalidad reconocer, proteger y regular, sin discriminación alguna, el derecho de las personas que padecen una enfermedad terminal o grave a una adecuada atención de salud.