A fin de mejorar el acceso al crédito en una economía golpeada por la pandemia.
La Magistratura constitucional colombina adujo, entre otros argumentos, que el Decreto desarrolla los mandatos constitucionales de protección especial de los niños, niñas y adolescentes, para garantizar su desarrollo integral y armónico.
La gestión pendiente incide en proceso civil seguido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación.
No se acreditó infracción de normas reguladoras de la prueba lo que le impide al tribunal de casación modificar hechos establecidos soberanamente por sentenciadores del grado.
Una gran franja del este de Oklahoma es tierra tribal a efectos de la ley penal federal.
Para recibirlo, la familia debe pertenecer al 90 por ciento más vulnerable de la población nacional, según el Registro Social de Hogares.
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional deducida por la empresa, tras establecer que no es la vía idónea para resolver una materia que debería ser resuelta en un proceso de lato conocimiento.
La resolución impugnada resuelve no ampliar la formulación de cargos al proyecto, en relación con el hecho de desarrollarse el Proyecto en un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, como lo es el Humedal Topocalma, incurriendo en ilegalidades y permitiendo un proyecto que también las comete.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia de primera instancia, tras establecer que la empresa faltó al deber de cuidado con el trabajador, al que estaba obligada como empleador.
El máximo Tribunal estableció que sólo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene la facultad de alterar o modificar el sentido de tránsito y horario de funcionamiento del transporte público en vías rurales.
