En su sentencia, la Magistratura Constitucional expresa que para resolver adecuadamente los requerimientos de que se trata, debe precisarse que la parte del precepto legal que se impugna distingue claramente dos situaciones: los tiempos de descanso a bordo o en tierra y las esperas que deban cumplirse entre turnos laborales.

«permitir un gasto ilimitado en publicidad, pareciera atentar contra la calidad de la enseñanza, en el entendido que ésta no es un bien de mercado».

“consecuencia de la falta de mantención del colector de que se trata o de la omisión de señalizaciones de advertencia del peligro o de prohibición de paso” y que era responsabilidad de la Municipalidad dicha reparación ya que así lo señala el artículo 5° letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

estima que la aplicación de la norma cuestionada vulnera sus garantías constitucionales, en particular, los derechos a la igualdad ante ley y el racional y justo procedimiento, por la imposibilidad de acceder a una revisión de la resolución por un superior jerárquico, existiendo solo la posibilidad de apelación por parte del Ministerio Público, facultad que es de carácter discrecional y que priva a la parte querellante para ejercerla en igualdad de condiciones.

«el hecho que una mujer esté encinta o en periodo de lactancia, es una justificación no contemplada expresamente en la ley y evaluada en forma discrecional por las Juntas Electorales».

a pesar de haberse invocado la vulneración a las normas reguladoras de la carga de prueba, ello no se explicitó en el recurso, y además, prescinde completamente de “los hechos que sirvieron de sustento a la decisión jurisdiccional que se impugna, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser modificados”

La jueza requirente estima que la aplicación de la preceptiva impugnada podría vulnerar las garantías constitucionales referidas a la igualdad ante la ley, la supremacía del interés superior del niño y el derecho a la identidad, reconocidas explicita e implícitamente, conforme al artículo quinto de la Carta Fundamental, en relación con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en la medida que los presuntos hijos no podrían accionar o podrían hacerlo en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley, lo que no ocurre en el caso sub-lite.

«aún encontrándose pendiente el procedimiento principal sin que las excepciones hayan sido resueltas, la Tesorería ha procedido a retener la devolución anual de impuesto a la renta de la requirente, para luego compensar dichas sumas con las que son objeto de cobro a través del procedimiento principal».

“los supuestos intentos de pagar sobreprecios en equipos contra el tráfico; la pérdida de drogas en distintos decomisos policiales en el país; el comportamiento y accionar de las fuerzas policiales en el control de las movilizaciones sociales en los últimos años; y el escándalo de los detectives detenidos en un caso de protección a narcotraficantes”.

«quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, al considerar que carece de fundamento razonable, por cuanto la propia preceptiva impugnada deja a salvo la posibilidad de rendir prueba y acompañar antecedentes, sin que pueda entonces establecerse una eventual infracción a la Carta Fundamental como la denunciada por la parte requirente.»