“una amenaza a la integridad física de los vecinos del sector y una privación del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, por lo que resulta procedente brindar una protección que les resguarde en sus derechos”.
“no es óbice a lo anterior la no existencia de dineros para pagar remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud”, por cuanto “son dineros de propiedad de los funcionarios que les son descontados de sus remuneraciones mensualmente”.
“no configura la causal en que se funda”, porque la decisión de la sentencia de condenar a la demandada al pago de una indemnización “no excede lo pedido por la parte demandante en su libelo”.
Se dedujo recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmando el fallo de primer grado, desestimó el reclamo de una multa de 250 UTM impuesta por la SEREMI de Salud de la Región O´higgins. El recurso denunció vulneración del artículo 171 del Código […]
La Sala del Senado aprobó las observaciones formuladas por el Presidente de la República corrigiendo el proyecto de ley que regula el asociacionismo municipal y que hace efectivo el mandato constitucional referido a la facultad que tienen las municipalidades para asociarse entre ellas. El veto del Presidente de la República tienen dos alcances: por una […]
La Sala Senado aprobó –con amplia mayoría- el veto que el Ejecutivo formuló al proyecto de ley que pretende terminar con los candidatos “descolgados”.El veto señala que los candidatos independientes que quieran optar a cargos de elección popular en representación de un partido político o de un pacto electoral, podrán afiliarse a esas colectividades hasta […]
“incurrió en una falta personal” y dado “el contexto en que se encuentran insertos estos acontecimientos, se puede concluir que la falta personal atribuida al referido funcionario no se encuentra desvinculada del servicio, sino que se ha cometido precisamente con ocasión de aquél. Desde esa perspectiva, el Estado no puede apartarse de la falta personal que ha cometido uno de sus agentes”.
En días pasados, fue publicada la Ley N° 20.519 (D.O., 21 junio 2011), que modifica la legislación que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, excluyendo de su aplicación las conductas ejecutadas por menores de edad. La Ley tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo, mediante el cual se hizo presente que desde […]
(…) sin que “la faculte para negarse a dicho pago por estimar que aquél no reúne el requisito del N° 1 del artículo 2° de dicha ley, como ocurrió en el caso de autos”.
“la situación específica de que se trata, por su naturaleza, es propia de otros recursos o acciones, como son el jerárquico de la ley 19.880 o bien la reclamación judicial prevista en los artículos 503 y 504 del Código del Trabajo”, ya que en esas instancias “las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos en conflicto”.
