El Tribunal de alzada revocó la sentencia recurrida que había acogido la acción judicial presentada, tras descartar actuar discriminatorio en la negativa a renovar permiso especial para discapacitados.
Se otorgó al requirente un plazo de tres días para completar antecedentes y subsanar el defecto.
Cuando un tribunal interpreta un contrato y le da determinado alcance, no vulnera la ley, sino que cumple cabalmente con las facultades de que lo ha dotado la ley.
Se rechazó el recurso de casación en la forma y se revocó la sentencia apelada, rechazando la demanda interpuesta.
Cabe recordar que el procedimiento tuvo su origen en la demanda planteada por el comprador de una vivienda sobre plano sometida al régimen de la Ley 57/1968.
La gestión pendiente incide en autos sobre acción de nulidad de derecho público, seguida ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Iquique.
El fallo impugnado no hizo lugar a la imputación requerida por el deudor.
El máximo Tribunal trasandino hizo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General.
La gestión pendiente incide en un recurso de casación en el fondo, de que conoce la Corte Suprema.
Se alegó infringido el derecho de propiedad incorporal que mantiene sobre las prestaciones educacionales y sobre la calidad de alumna regular que detenta.
