La Corte de Valdivia indicó que, la negativa de la empresa recurrida a recibir el pago es ilegal.
El ente contralor adujo que, en consecuencia, deben entenderse justificados los atrasos en que incurrió el interesado producto de sus dolencias, procediendo el pago de aquellas remuneraciones que fueron descontadas por tal motivo.
El ente contralor adujo que, por consiguiente, resulta improcedente considerarla en la proporción de horas de trabajo semanal.
Esto, en el contexto del Día de la Mujer, donde se realizó un acto en homenaje a las magistradas que han formado y forman parte de la institución.
La gestión pendiente incide en autos sobre sobre recursos de casación en la forma y en el fondo, seguido ante la Corte Suprema.
En su sentencia, expone en síntesis la Magistratura Constitucional que afectado no tiene una posibilidad de discutir la procedencia o extensión de la sanción que en virtud de la norma reprochada se le impone.
La Magistratura constitucional adujo que ésta medida, genera una restricción leve al derecho a la intimidad, que se encuentra justificada por la finalidad legítima de proteger el interés general y garantizar el orden público.
El máximo Tribunal concluyó que, no existió impedimento para aplicar las normas de tutela a los funcionarios de la Administración del Estado.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 3 y 24.
Italia deberá abonar al presupuesto de la Unión Europeo una cantidad a tanto alzado de 7,5 millones de euros y una multa coercitiva de 80.000 euros por cada día de retraso.
