Si el órgano administrativo entendió que la notificación de la resolución sancionadora era irregular, razones de seguridad jurídica además de lo así recogido en la norma necesariamente llevan a que así se considere igualmente en relación a la resta de puntos acordada en el seno de dichos expedientes, que se ven privados así de la necesaria ejecutividad de la sanción al entenderla en definitiva como una resolución no notificada.

La Sala otorgó su respaldo a la iniciativa que incluye un aporte extraordinario para duplicar el Aporte Familiar Permanente en 2023; un incremento permanente en la Asignación Familiar y Maternal y en el Subsidio Único Familiar y su automatización, además de la creación del Bolsillo Familiar Electrónico.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia de los recursos al estar dirigidos en contra de los hechos establecidos por los jueces del fondo.

El requirente alegó que los preceptos legales impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y a la no afectación de los derechos constitucionales en su contenido esencial.

Acusaciones tan extremadamente graves no pueden sustentarse a partir de simples especulaciones, derivadas de una línea política que se construye.

Si bien la alcaldesa  Irací Hassler, remarcó que revisarán los antecedentes, afirmó que lo más importante para ellos es «que no vamos a dejar de trabajar en la recuperación de espacios públicos».

Únicamente inciden en la ley orgánica constitucional (art. 19 N° 11, inciso quinto), lo referido a los requisitos mínimos de los niveles de la enseñanza básica y media, a las normas objetivas y de general aplicación que permiten al Estado asegurar su cumplimiento, junto a los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Exteriorizar fuera del ámbito contractual que rige a las partes respecto del cumplimiento o no de las obligaciones por ellas contraídas, constituye una amenaza que puede afectar la garantía individual a la honra.

Desde el inicio del procedimiento disciplinario existe un vicio que invalida todo el actuar y las sanciones impuestas, afectándose de igual manera entonces la libertad del amparado en la condición de amenaza.

Se impone la necesidad de ponderar de oficio el tratamiento de la cuestión traída a juzgamiento desde la perspectiva de género. En efecto, el juez no cuenta sólo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable.