El actor se vio obligado a contarle a su madre sobre su orientación sexual, a raíz de las burlas recibidas en su lugar de trabajo.
La Empresa reclamante argumenta que la infracción estaría prescrita y que se habría generado el decaimiento del procedimiento administrativo, lo que es descartado por el organismo fiscalizador.
La Sala continuará a las 9:30 horas de este lunes analizando en particular las indicaciones presentadas.
No hay mayor detalle en la Constitución sobre el alcance y contenidos del reglamento. A la fecha, diversos académicos, centros de pensamiento e instituciones, han puesto a disposición resúmenes de experiencias comparadas, lineamientos y propuestas en la materia que vale la pena analizar.
En la discusión, los senadores analizaron los cambios que ha generado el uso de Internet en el ámbito del trabajo y cómo la pandemia ha acelerado ese fenómeno. «La idea es resguardar los derechos de los trabajadores en este espacio de informalidad», señalaron.
La Segunda Sala señaló que ha logrado formarse convicción de que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, adoleciendo el requerimiento de falta de fundamento plausible.
Esta deberá ordenar la realización de una completa reevaluación de la condición de salud del actor por profesionales diversos, para luego emitir nuevo pronunciamiento.
El Ministerio Público está facultado para recalificar los hechos y las consideraciones modificatorias de la acusación al determinar que procede solicitar la aplicación de un procedimiento abreviado.
La Segunda Sala señaló que, concurre la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, en consideración que el conflicto que plantea la actora está referido a materias que deben ser planteadas y resueltas por el sentenciador competente, en este caso, el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar.
El máximo Tribunal argentino adujo que el juzgamiento de un delito de muy escasa complejidad se ha extendido ya por más de veintidós años sin que se haya arribado aún a una sentencia que determine, en forma definitiva, la situación procesal del imputado.
