La recurrida les había señalado verbalmente que «sus solicitudes no serían recibidas», negándoles la oportunidad de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, contemplado en la Ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre la Protección de Refugiados y su Reglamento.
Se pide que se deje sin efecto el decreto alcaldicio, en la parte en que limita y restringe el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales, tanto más si la empresa ha adoptado a nivel nacionaldiversas medidas tendientes a proteger la salud, tanto de su personal colaborador como de sus clientes.
El Tribunal de alzada sostiene que las aprehensiones de la recurrente miran al establecimiento de una forma alternativa de cumplir dicha pena, lo que no se encuentra dentro de la esfera de las atribuciones de la recurrida y de esta Corte, a través de esta vía extraordinaria.
El Tribunal de alzada indica que los antecedentes expuestos en el recurso no dan cuenta de hechos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía, puesto que se refieren a políticas públicas impulsadas desde la Presidencia de la República.
El máximo Tribunal indica que las prerrogativas conferidas a la recurrida deben ejercerse atendiendo al límite entregado en la ley, a la luz del cual esta Corte debe realizar el control de razonabilidad y proporcionalidad para el caso concreto.
Máximo Tribunal indicó que no es posible reconocer el derecho de dominio de los fondos en los términos señalados por el actor, sino que en los contenidos en el DL 3.500 con destino en previsión social.
Sentencia de alzada indicó que no está dentro de las facultades del Juez de instancia revisar la cuantía o modalidad de la multa, sino que sólo de revisar la concurrencia de la infracción.
La aludida sanción se le aplicó, por el hecho de que mientras se encontraba en su domicilio, dejó su arma al interior del horno de la cocina de su departamento, mientras su madre, encendió dicho horno, lo que provocó que las especies se destruyeran.
Los recurrentes estimaron que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.
La consulta hace referencia al caso de vehículos con emisión de gases manipulados.
