Los alegatos finales fueron entregados ante el Primer Tribunal Ambiental, el que deberá determinar si se configura o no el daño ambiental al acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo.
En el caso de las listas de espera, tenemos una regulación en materia GES, Ley 19.966, en cuanto a plazos y procedimientos ante incumplimientos respectivos, pero la crítica que se realiza constantemente es que en materia de salud el tiempo es de vital importancia para el tratamiento y reacción ante una patología, y por lo cual misma lógica se esperaría por parte de los prestadores ante reclamos e incumplimiento de plazos en la aplicación de atenciones médicas.
Patricio Cartagena, Secretario General de la Cámara Minera de Chile, señaló que “creemos que es un tema de la máxima relevancia para la industria minera, la Ley se encuentra vigente para las personas naturales y en septiembre 2024 se hará plenamente exigible para las personas jurídicas (empresas) y además, por las características productivas de la industria minera, que tiene un gran número de empresas vinculadas, con un modelo de gestión que integra a éstas en los procesos del negocio”.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, ya que sin fundamento racional, discrimina a quienes emitieron boletas de honorarios por otros montos diferentes a los que se consideraron para calcular el pago de licencia posnatal.
El no pago de licencias médicas repercute en el patrimonio de la actora el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo. Se ordena someter a la recurrente a un peritaje médico y luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas.
No se vislumbra el cumplimiento del presupuesto de existir derechos indubitados si la actora alega que se le reconozca la prescripción adquisitiva extraordinaria sobre parte del inmueble lo que actualmente se discute en sede judicial, por lo que no es posible que sostenga exista vulneración del derecho de propiedad pues solo tiene una mera expectativa jurídica.
El amparado tenía perfecto conocimiento que su no comparecencia injustificada daría lugar a que fuese conducido por medio de la fuerza pública y que su justificación debía revestir especial plausibilidad desde que a su respecto se dispuso, como se dijo, una forma alternativa de comparecencia.
El requirente alega que las normas objetadas, en tanto permiten la coexistencia de dos sistemas procesales penales en el país, infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el debido proceso, los principios de irretroactividad de la ley penal e in dubio pro reo, entre otros, desde que el procedimiento inquisitivo por el que se juzga un delito de lesa humanidad es contrario a un proceso penal, racional y justo, en cuanto no es el Ministerio Público, bajo las reglas del Código Procesal Penal el que investigó los hechos.
La AFP justificó su decisión de no liberar los fondos en que la recurrente aún no cumple 24 años, ya que tiene 23 años y podría matricularse para estudiar lo que la convertiría en beneficiaria de una pensión de gracia. La magistratura, en cambio, estimó que dicho razonamiento es arbitrario e ilegal y ordenó pagar los fondos solicitados por constituir la herencia de la actora.
Los hechos actuales constituyen la segunda vez que el funcionario es investigado por actos de violencia intrafamiliar, por lo que la decisión de la institución de separarlo de sus filas por conducta funcionaria impropia, se ajustó a derecho.
