El requirente alega que los preceptos legales impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
El requerido se encontraba radicado en el sector sur de la capital desde el año 2014, cuando arribó al país huyendo de la justicia trasandina por una acusación de homicidio cometido en la provincia de Río Negro.
El dictado de sentencia de conformidad con el escrito de acusación consensuado por las partes, dada la conformidad mostrada por el acusado, procede. Se debe dictar en los términos expresados, al concurrir todos los presupuestos y requisitos de dichos preceptos y ser adecuada a derecho la calificación jurídica de los hechos y las penas y responsabilidades solicitadas.
Deben observar las normas que consagran y resguardan el principio constitucional de la probidad administrativa.
La recurrente denunció que los jueces de fondo confirmaron el fallo de base que condenó al pago de doce facturas emitidas de forma fraudulenta sin examinar una sentencia condenatoria penal por los mismos documentos que se pretendían cobrar.
La iniciativa busca establecer en la regulación ambiental una referencia expresa al olor como elemento capaz de producir contaminación ambiental.
La nacionalidad es uno de los requisitos exigidos por el Estatuto Administrativo para postular a cargos públicos. El cual deberá ser acreditado y constará en la respectiva carpeta funcionaria, por lo que, el documento en el que figure la nacionalidad de un funcionario es un documento que sirve de fundamento para su postulación, y aquello lo convierte en información pública.
La ejecutada alegó que el certificado de deuda no cumplía los requisitos para ser considerado título ejecutivo, ya que la renta líquida percibida por la contribuyente era inferior a 10 UTA y estaba exenta del pago del tributo, argumento que para el máximo Tribunal es válido para la solicitar la nulidad de la obligación pero no encuadra en la excepción de la falta de requisitos del título.
Así mismo en los juicios que se discuta la responsabilidad civil de los profesionales mencionados en el artículo 112° y siguientes del Código Sanitario, deberán probar haber actuado con la debida diligencia y en el cumplimiento de la ley artis médica, liberando de la carga probatoria al demandante.
El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, lo que vulnera su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
