Se dictó acusación contra 51 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que cumplían a la sazón funciones en el cuartel Simón Bolívar por el delito de secuestro calificado.
El proyecto incluye el desistimiento de los juicios ejecutivos de cobro por el no pago de tales derechos, seguidos contra las diferentes comunidades indígenas.
El Juzgado del Trabajo resolvió acoger la acción por despido injustificado al considerar que la demandada no acreditó en juicio la existencia de la causal de despido ni sus fundamentos fácticos.
La actividad tendrá lugar a las 12:00 hrs., en la Sala de Videoconferencias, ubicada Avda. Santa María N° 076, piso 6°.
La iniciativa tiene entre sus principales objetivos “establecer que la empresa, para efectos laborales y de seguridad social, es toda organización bajo la dirección de un empleador”.
La gestión pendiente invocada incide en autos por tormentos y apremios ilegítimos producto de la violencia de funcionarios de Carabineros de Chile, del que se declaró incompetente el Juzgado de Garantía de Linares; decisión confirmada por la Corte de Talca, recurrida actualmente de queja ante la Corte Suprema.
En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a Estados Unidos a suspender la ejecución de John Winfield, sujeto beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CDIH, toda vez que la ejecución está programada para mañana miércoles 18 de junio de 2014, en el Estado de Misuri. Al respecto, la Comisión otorgó medidas […]
Se dedujo acción de protección –por parte de un particular- en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en razón de haberse dictado una Resolución por medio de la cual se decretó la medida disciplinaria de destitución.
El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) publicó un informe titulado “Fin del Copago: Menos Recursos y Menos Integración”, en el que se analizan diferentes aspectos de la reforma educacional presentada recientemente por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.
La moción, que busca establecer que los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados rindan una cuenta pública anual ante el Congreso Pleno cada 4 de julio.
