La decisión fue acordada con el voto en contra de la jueza alemana Angelika Nussberger, y la sueca Helena Jäderblom, quienes sostuvieron, en esencia, que «una prohibición tan general, que afecta al derecho de toda persona a su propia identidad cultural y religiosa no es necesaria en una sociedad democrática».
En el arbitrio de nulidad sustancial se denuncia la infracción de los artículos 164 y 165 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores; el artículo 23 del Código Civil y los artículos 6, 7 y 19 N° 24 y N° 26 de la Carta Fundamental.
La gestión pendiente incide en los autos penales que se encuentran en etapa de investigación y que conoce el Juzgado de Garantía de Valdivia.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección; decisión que fue confirmada en todas sus partes por la Corte Suprema.
En la oportunidad, la Primera Mandataria señaló que con esta ley “ganan los trabajadores, ganan los sindicatos, pero también ganan las empresas que, al no tener conductas abusivas, tendrán mejores relaciones con sus trabajadores”.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo, mas la Corte Suprema, en alzada, revocó la sentencia apelada y rechazó el arbitrio constitucional.
Concluye la CS sosteniendo que el recurso de casación en el fondo adoleció de manifiesta falta de fundamento.
Se estimó vulnerado el derecho constitucional de propiedad y el derecho de igualdad ante la ley, al negársele arbitrariamente la posibilidad de iniciar sus trámites para obtener el certificado de grado académico y el título profesional.
La administración de la AFP estatal estará a cargo de un directorio de 7 miembros designados por el Presidente de la República, incluyendo el nombramiento de quien lo presida.
Concluye en esencia la Corte Suprema estimando que esta propuesta no cumple con el objeto deseado.
