El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que el cobro responde a lo acordado en el contrato suscrito por las partes.
El Tribunal estableció la responsabilidad de las empresas demandadas por la falta de condiciones de seguridad para que el trabajador contratado como instalador de butacas, realizara otras funciones a las que fue provisoriamente destinado.
El fallo razona que al tratarse de un finiquito que ajusta entre las partes la situación jurídica de término de derechos de naturaleza laboral, y por lo tanto de orden público, merece y exige la especificación concreta y expresa de los bienes jurídicos de los cuales se dispone
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Los garantes para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron un comunicado en conjunto.
Se ordenó a la recurrida Agrícola Coexca S.A., el estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Resolución de Calificación Ambiental N° 165 del 2 de octubre de 2008.
La sentencia de la Corte Suprema acordada con el voto en contra de las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz.
El fallo concluye que el recurrido ha incurrido en conductas arbitrarias e ilegales que vulneran la garantía del artículo 19 N° 4 de la CPR.
Al requerimiento antecede un sumario administrativo instruido por la CGR, en que se estableció que el Alcalde habría incurrido en una falta grave al principio de probidad.
La gestión pendiente incide en autos de cobranza laboral, en actual conocimiento de la Corte de Puerto Montt, por recurso de apelación.
