El imputado fue condenado como autor de los delitos de violación con homicidio y aborto, hechos que fueron cometidos con alevosía, al actuar a traición y sobre seguro respecto de la víctima, con quien mantenía una relación amistad de más de 10 años.
Si el recurrente estima que con las publicaciones realizadas se afectó su derecho a la honra, debe impetrar las acciones civiles o penales pertinentes.
El demandante acudió a la magistratura civil de Moscú para poner término a un contrato de arriendo celebrado en 2015. El máximo Tribunal acogió el exequátur luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, desestimando la oposición de la demandada la que debe ser presentada en la etapa de cumplimiento de las sentencias extranjeras aprobadas.
Al tenor del artículo 183-B, al existir trabajo en régimen de subcontratación, la empresa principal debe velar por el respeto de los derechos hacia los trabajadores de la empresa contratista, por lo que es solidariamente responsable de los incumplimientos laborales y previsionales de aquella.
No puede desconocerse que la legislación civil y la legislación canónica regulan materias diferentes ya que el ámbito civil resulta distinto e independiente al religioso, por lo que es improcedente pretender que la ley civil coincida con la regulación canónica.
Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular.
La Corte de Santiago declaró inadmisible el reclamo de ilegalidad por extemporáneo, debido a que aplicó las reglas de los plazos judiciales considerando como día hábil el sábado, cuando lo que correspondía era considerar inhábil los días sábado y domingo, debido a que la resolución reclamada era de naturaleza administrativa, y no judicial.
Los recurrentes acusaron que el municipio de Coquimbo actuó de forma arbitraria al no recibir el pago de patentes otorgadas para explotar el giro de máquinas de habilidad, argumentando no poseer nuevos informes técnicos sobre la materia, acción que perdió oportunidad cuando el recurrido accedió a recibir el pago de los tributos mientras se discutía el recurso.
SERVEL multó al candidato con más de 2,5 millones de pesos por instalar propaganda electoral en el alumbrado público.
El establecimiento se expone a multas de más de $750 millones de pesos.
