El recurrente, quien se desempeña desde hace 20 años en el Servicio Nacional de Aduanas, requiere acompañar su título profesional para acceder a la planta titular de dicho servicio.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
La gestión pendiente incidiría en autos infraccionales, seguidos ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt.
La decisión se adoptó con el voto en contra del Ministro Dolmestch.
El ente contralor consideró que se debe desestimar la petición, debido a que la Corte Suprema se ha pronunciado acerca de la competencia de la SCJ para intervenir en la materia de que se trata, en el mismo sentido que el citado dictamen N° 92.308.
El autor resalta la importancia de la producción de las pruebas y, la relevancia de ellas, en un derecho de acceso a la justicia como presupuesto del debido proceso.
El feminismo tiene raigambre cultural y constitucional; es decir, confluye en las relaciones de poder en una sociedad y visibiliza las situaciones de sometimiento de la mujer a actos de violencia estructurales.
El ente contralor precisó que cobro fue realizado con posterioridad al plazo general de prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil.
Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Dicha investigación sumaria había culminado con la Resolución Exenta N°680 de 2018, por la que se aplicó la medida disciplinaria de multa del veinte por ciento de la remuneración mensual del recurrente.
