El Tribunal hizo lugar a la denuncia infraccional deducida y condenó al banco a pagar la cantidad total de 100 UTM, correspondiente a 25 UTM por cada una de las infracciones cometidas a los artículos 3 letra a), 3 letra d), 12 y 23 inciso primero de la Ley 19.496.
El Tribunal de alzada acogió el recurso interpuesto y dispuso que la autoridad recurrida deberá abstenerse de exigir la apertura de cuentas para la transferencia de los recursos de la SEP a sostenedores de colegios particulares subvencionados.
Recurrente indicó actuación denunciada vulneró las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso quinto, N° 21 y N°24 de la Carta Fundamental.
Esto, a propósito de solicitud de trabajadora para que sus servicios sean traspasados al régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
El ente contralor adujo que, en consecuencia, no procede que se descuente ese lapso para los efectos del cálculo de dicho estipendio.
Corte de Talca indicó que no existe una amenaza a la libertad personal del paciente internado.
Corte de Talca indicó que los hechos descritos no pueden ser conocidos por la vía del recurso de protección, sin perjuicio de hacer valer tales pretensiones en otras vías judiciales.
Esto, a propósito de denuncia a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Arica, por no haber ordenado la paralización de la obra nueva que indica.
Esto, sin perjuicio de la eventual responsabilidad administrativa, civil o penal que pueda derivar de las conductas de funcionarios públicos que se encuentren en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol.
La Corte estimó que la imposición de la multa no fue producto de una comisión especial, sino por un organismo facultado para ello, por tanto, no puede estimarse que la sanción interpuesta fuere arbitraria o ilegal.
