El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que ordenó a la demandada el pago la suma de $16.156.655.
La moción permite a los organismos del Estado, incorporar en las licitaciones públicas, criterios ambientales al momento de decidir la adjudicación de contratos de suministro de bienes muebles y de servicios.
En enero de este año, el Tribunal rechazó la medida cautelar de suspensión de la resolución del ministerio solicitada por los reclamantes. Explicó que “atendida su naturaleza y objeto, [dicha medida] no permite resguardar el humedal Sistema de Lagunas de Llolleo “Ojos de Mar”.
Los preceptos impugnados amplían excesivamente el acceso a la información, considerando como pública información que no lo es, e infringen la garantía constitucional del debido proceso.
Anualmente en los contratos que firma cada alumno se les informa que la Universidad podrá modificar sus actuales planes de estudios, en el caso que lo requiera la autoridad, lo aconseje el avance tecnológico o las autoridades académicas con el objetivo de perfeccionar la formación integral de sus alumnos.
Las costas son una materia que no forma parte de la sentencia, motivo por el cual el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que acoge un recurso de protección, sin costas, es inadmisible.
La recurrente sostiene que la respuesta de AFP Habitat ha vulnerado su derecho de propiedad y lo priva de poder disponer libremente de sus bienes.
El requirente alega que se le ha negado la posibilidad de presentar prueba y defenderse en el procedimiento llevado en su contra, afectando su garantía al debido proceso.
De lo contrario, se atenta contra la integridad psíquica de la recurrente, y el derecho de igualdad ante la ley, pues se aceptó la tenencia de mascotas para otros residentes del mismo edificio.
Las entidades bancarias, en la oferta y ejecución de las operaciones enumeradas en el artículo 69 de la Ley General de Banco deben respetar parámetros mínimos previstos en la Ley N°19.946, dentro de los que figura no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios.
