el requerimiento de autos no da debido cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 80 de la LOCTC, toda vez que la requirente no indica de modo claro y preciso la forma en que la aplicación a la gestión sub lite del precepto legal cuestionado infringiría las disposiciones constitucionales que invoca como conculcadas.

se aprecia que el requirente pretende que se determine la adecuada interpretación de la disposición impugnada y se corrija la aplicación que de la misma se ha efectuado en sede municipal, atribuyéndole al Tribunal Constitucional una competencia que, como se señaló, es propia de los jueces del fondo y que éstos ejercen a través de las distintas herramientas procesales que consagra el legislador.

el proceso de elecciones primarias debe contener los siguientes elementos, el ser obligatorio cuando se quiera elegir un solo candidato y existan varias alternativas; abiertos a la ciudadanía, no exclusivos para dirigentes o militantes de los partidos; simultáneos, esto es, realizarse un mismo día, para todos los partidos o pactos; y vinculantes, lo que se traduce en que el resultado del proceso eleccionario debe obligar a los partidos, pactos y candidatos que participaron en él.

se modifica el Código Penal, estableciendo la posibilidad que el condenado al pago de una multa pueda solicitar la realización de trabajos comunitarios en el caso de no contar con bienes suficientes para el pago de la obligación «para proceder a esta sustitución se requerirá del acuerdo del condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de la multa, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses”.

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.La gestión judicial invocada incide en un proceso sobre delito de desacato de que conoce el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el cual el requirente de inaplicabilidad es imputado a causa de la negativa a cumplir una […]

Los funcionarios, al igual que todas las personas, tienen aquellos derechos que su relación estatutaria, definida por el legislador, no haya limitado expresa e inequívocamente. Los funcionarios no son personas de segunda categoría ante la Constitución

consta en autos que con fecha 18 de mayo de 2012 la Corte Suprema falló el recurso de casación en el fondo deducido en la gestión sub lite, sentencia que se notificó por el estado diario y respecto de la cual no proceden recursos, por lo que se encuentra firme o ejecutoriada.

un “sistema que permita una representación razonable de todas las corrientes de opinión importantes del país, incluyendo aquellas que, siendo minoritarias, constituyen, sin embargo, un aporte al debate público”, de manera que se generen condiciones para una competencia efectiva entre la fuerzas políticas

“la obligación que la nueva ley entrega al Servicio Electoral de publicar en su página web el Padrón Electoral auditado y la Nómina Auditada de Inhabilitados contraviene las legítimas expectativas de privacidad de las personas cuyos datos son puestos a completa disposición del público”.

es clara la intención del legislador en orden a no disminuir las garantías de los derechos de los extranjeros y que, por otra parte, el juez tiene todas las herramientas para interpretar con criterios conforme a la Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. No obstante, agregan, es función de esta Magistratura precisar el cartabón contra el cual se deben confrontar cuestiones que, en la práctica, importen efectos constitucionales concretos.