El máximo Tribunal consideró que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva.
Las medidas de protección a los testigos podrán adoptarse en casos graves y calificados, sin perjuicio de la colisión que se tenga con el derecho de la defensa.
Esto obedece a la facultad complementaria que les asiste respecto de la dictación de normas de tránsito en sus territorios.
Tribunal Ambiental sostiene que sólo procede aprobar acuerdos en que el autor se obligue a implementar las medidas de reparación ambiental del daño causado, cumpliendo el acuerdo ofrecido con el principio de indemnidad.
El libro fue presentado por Carlos Künsemüller, ex ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Chile y profesor de Derecho Penal de la Universidad San Sebastián, quien lo describió como “una obra maciza que hará de constituir fuente de conocimiento obligada para estudiantes, abogados, académicos y jueces”.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Puerto Montt, que confirmó la de primer grado que ordenó a la demandada pagar una multa total de 850 UTM, a beneficio fiscal, por incluir cláusulas abusivas en contratos de adhesión, incumplir obligación de escrituración de los contratos de prestación de servicios financieros y cobrar a los consumidores intereses superiores al máximo convencional.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción opuesta por la inmobiliaria, y le ordenó pagar a la demandante la suma de $10.000.000, por concepto de daño moral, como primera propietaria del departamento.
El máximo Tribunal confirmó el fallo que invalidó la decisión que dejó sin efecto la beca del recurrente correspondiente al año 2021, así como la decisión de no admitir a tramitación su solicitud de renovar la beca para el año 2022, debiendo la recurrida transferir los fondos respectivos.
Si bien no es ilegal ni arbitraria la extensión de los plazos para investigar, no es menos cierto que en virtud de la certeza jurídica que nos debe proveer el derecho, se hace necesario que esta investigación administrativa llegue a su fin y se dicte el acto de cierre.
Los hechos denunciados no revisten la entidad que le otorga la actora, tanto más si se eliminó la publicación de WhatsApp.
