La sentencia impugnada cuestionó los deseos expresados por la niña, sin respetar el derecho a ser oída y el principio de autonomía progresiva, transgrediendo la Convención de los Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente.

Al tener solo presente un informe médico, sin solicitar mayores antecedentes, la decisión de las recurridas deviene en arbitraria, por carecer de la necesaria racionalidad exigible a los órganos públicos.

La negativa de la recurrida es arbitraria, pues no existen antecedentes objetivos que permitan establecer un vínculo directo entre la intervención realizada y cubierta en el año 2010, con la efectuada en marzo de 2021.

El concepto de “falta de servicio” traduce un amplio rango de situaciones, que incluyen irregularidades o negligencias de corte administrativo, de modo que no requiere la verificación de un delito de los codificados en la legislación penal.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó a Héctor Fernando Osses Yáñez a la pena única de 16 años de presidio y a Aquiles Bustamante Oliva a la pena única de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos.

Con posterioridad, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° N°19.496.

La recurrida no puede traspasar su obligación a Carabineros de Chile.

A juicio del máximo Tribunal, el acto impugnado cumplió las exigencias de motivación establecidas por el legislador y la Contraloría.

La medida afecta a todos los que desarrollen la actividad gravada en la municipalidad de Hualpén.

La resolución se fundó en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°17.322.