En el contexto de la crisis producto de la pandemia por Covid diputados de diversas colectividades presentaron propuestas legislativas para suspender los incrementos de los precios de los planes de salud de las Isapre mientras dure la emergencia, así como dichos costos suban al término de ésta.
Mientras que los legisladores y los estudiantes avalaron la propuesta, al tiempo que reconocieron su urgencia y necesidad, el Ejecutivo la objetó y la calificó como «inconstitucional».
El máximo Tribunal estableció la responsabilidad de la institución penitenciaria por falta de servicio en el tratamiento que requería la recurrente.
El máximo Tribunal desestimó el recurso, tras establecer que en la especie no se configura el vicio alegado.
El reclamo se fundó en el contexto de la situación de emergencia acontecida en la comuna de Quintero en el año 2018, referente a la presencia de contaminantes en el aire que fue atribuida a ENAP Refinerías S.A.
El fallo admite que al haberse dictado las respectivas resoluciones de nombramiento de los recurrentes quedó en evidencia que esos actos eran contrarios a la ley, por lo que obviar ese hecho conllevaba la infracción de deberes funcionarios por parte de la autoridad, dada la imposibilidad de que los actores fueran signatarios del concurso.
Beneficio fue revocado por la autoridad administrativa cuando había ya cursado el primer semestre de la carrera profesional, aduciendo un error en la generación de extracción de datos desde la plataforma electrónica del sistema de postulación al Fondo de Becas, motivación de la que no se hace un mayor análisis, ni se explicitan los parámetros técnicos que serían los que configuraron el error que invoca.
La decisión fue acordada con los votos en contra de los Ministros Aróstica, Letelier y Vásquez, quienes estuvieron por acoger el requerimiento.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva Gallinato, quien estuvo por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, en virtud de la causal prevista en el artículo 84, numeral 3°, de la LOCTC.
El procedimiento ha excedido en su duración los plazos máximos admitidos legalmente.
