El Tribunal de alzada rechazó acciones cautelares presentada por el Partido Progresista y el Partido Igualdad que calcularon los fondos remanentes de la elección señalada y ordenaron devoluciones de dineros.
En el fallo, el Tribunal consolida el criterio que ha venido desarrollando en sus últimas sentencias respecto del interés de las municipalidades en los procedimientos de evaluación ambiental de un proyecto y su legitimación para impugnar la resolución de calificación ambiental (RCA) de algún proyecto o iniciativa emplazado o con influencia en su territorio.
No se ajusta a los principios rectores de la Transparencia, como a la normativa expresa en la materia extender el alcance de la Ley de Rentas Municipales para cobrar por información que se encuentra disponible en las Direcciones de Obras Municipales.
En la audiencia de formalización, el magistrado accedió a la única petición de cautelar solicitada por el persecutor por considerarla adecuada a los fines del procedimiento. No obstante, hizo la excepción que de necesitar la imputada atención médica o algún familiar puede concurrir hasta el recinto de salud en que trabaja la agredida. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.
El proyecto aprobado por la Cámara y enviado al Senado busca evitar lamentables y cuestionables casos en que se ha vendido al público productos derivados de carne de animales domésticos, como perros.
La requirente alega que los preceptos legales cuestionados atentan contra la prohibición de prisión por deudas y sus garantías a un debido proceso, propiedad y no afectación de los derechos en su esencia.
No procede restringir la cobertura de las prestaciones de salud mental, porque se encuentra prohibido desde la publicación de la Ley Nº21.331.
El ingreso de los niños a un centro residencial es una medida que, en virtud de su intensidad y gravedad, debe considerarse sólo cuando el resto de las medidas proteccionales son insuficientes.
El fallo en alzada arriba a una conclusión no razonada del derecho aplicable en consonancia con las constancias de la causa, omitiendo dar un adecuado tratamiento al tema planteado. Incurre en meras apreciaciones subjetivas.
El requirente alega que unos mismos hechos son investigados paralelamente por la justicia militar y por un juzgado de garantía, lo que vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y garantías judiciales reconocidas en Tratados Internacionales vigentes y ratificados por Chile.
