Lo que se pretende es solucionar la libre elección de los pacientes y, por lo tanto, su libre tránsito por todo el sistema de salud, sin que exista el riesgo de que la falta de información precisa sobre los antecedentes médicos redunde en afectaciones graves para la salud.

La tutela de derechos no es una institución que pueda ser invocada única y exclusivamente por los imputados, también lo puede hacer la parte agraviada, sea en la etapa de investigación preliminar como en la preparatoria del proceso penal, otorgando al Juez de Investigación Preparatoria, como juez de garantías, las prerrogativas reparadoras de aquellas trasgresiones que pudiera advertirse en una investigación.

Ley persigue el cierre de la Fundición Ventanas sin desatender el esfuerzo de CODELCO para tratar los productos de la pequeña y mediana minería que la ENAMI le envíe.

El Tribunal de alzada estableció la obligación de la recurrida de otorgar la cobertura, la que está contemplada en la ley 19.650, norma que garantiza la atención de urgencia en cualquier establecimiento de salud público o privado.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, que accedió a la solicitud de extradición tras establecer que se cumplen con los requisitos legales para pedir la entrega de Castro Martínez, cuya formalización se realizó en ausencia por delitos que tiene asignada una pena privativa de libertad superior a un año, acción penal que no se encuentra prescrita y la requerida se encuentra residiendo en la ciudad de Varsovia, Polonia.

El procedimiento sancionatorio se inició debido a que la empresa no realizó el cambio de una antorcha que permite reducir emisiones. Esto se encontraba dentro de los compromisos establecidos por el titular en el permiso ambiental de 2004.

El lanzamiento del texto será llevado a cabo el jueves 16 de marzo a las 19.00 horas y contará con las presentaciones de Bernardo Fontaine, Natalia González y Andrés Jouannet.

La requirente estima que la norma limita su derecho a accionar contra los actos de la Administración, reduciendo las causales de reclamación únicamente a ciertos errores de hecho.

No es posible entender que se está en presencia de una urbanización únicamente cuando se desarrolle la totalidad de las obras precisadas en la ley general de urbanismo, como lo entiende dicho servicio.

Sin perjuicio de otras acciones que le corresponda al padre para reclamar asistencia económica o instar por sanciones por presuntos actos de violencia intrafamiliar cometidos en su contra.