El requirente alega que se le ha despojado de su propiedad mediante un procedimiento fraudulento, vulnerando sus garantías constitucionales.
Al momento de fijar el valor, no se pueden desconocer las nuevas formas de desarrollo, especialmente la generación de energía y el aprovechamiento de la luz solar y el viento en los terrenos, que cuentan actualmente con grandes ofrecimientos económicos.
El pronunciamiento prevé las situaciones que pueden acaecer entre el 1 de agosto de 2022 y la fecha de publicación del Reglamento del subsidio.
Si la defensa no dice nada en la audiencia en que se dispuso la reapertura del procedimiento una vez que fue remitido el informe psiquiátrico, lo que corresponde es fijar un plazo para que el Ministerio Público modifique la acusación.
Además, no deben ser susceptibles de ningún otro recurso, sea ordinario o extraordinario.
La aplicación de la agravante de discriminación ideológica se encuentra justificada, porque la agresión fue con la única finalidad de atacar a sus oponentes ideológicos y resaltar su propio pensamiento político.
El máximo Tribunal compartió la interpretación jurisprudencial plasmada en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Chillán, que confirmó la de primer grado que dio lugar a la demanda y que le ordenó a las empresas CAM Servicios de Telecomunicaciones Limitada y Movistar Telefónica Chile SA a pagar, en forma subsidiaria, el recargo porcentual y a restituir los montos que la contratista descontó de las indemnizaciones por años de servicio del aporte patronal al fondo de cesantía de los demandantes.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de las recurridas al denegar la cobertura por razones administrativas y económicas, del medicamento recomendado como única alternativa de por médico tratante.
El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.
El artículo 90 A del Estatuto Administrativo impide el cambio de localidad del funcionario que denuncia a sus superiores jerárquicos, sin previa autorización por escrito del administrado.
