Reclamante deduce nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, en atención a que no tuvo acceso al ejercicio constitucional de defensa al no ser debidamente notificado del proceso.
La sentencia señala que los recurrentes tienen el carácter de tercero coadyuvante por lo que su interés está condicionado al de la parte al que adhieren.
El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger la integridad de las personas contagiadas.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Rapa Nui-Isla de Pascua.
La Corte Constitucional del Ecuador señaló que, estableció que no basta que los jueces en sentencia de garantías declaren la vulneración de derechos constitucionales, pues su obligación como jueces constitucionales es motivar sus decisiones.
El reclamante señala que diversas personas enviaron su voto con copia a los correos de los demás integrantes de la Comunidad.
Entre los puntos centrales de la iniciativa, se establece la creación de un canal de denuncia centralizado, soportado a través de una plataforma electrónica, a cargo de la Contraloría General de la República; y se disponen normas para la debida reserva de la identidad del denunciante.
Su desvinculación opera de pleno derecho como lo prevé el Estatuto Docente.
El fallo señala que ha quedado corroborado que, por error u omisión, el médico condenado no describió las anomalías sufridas durante la práctica en el protocolo anestésico primigenio, lo que sí realizó en anotación posterior.
