Los diputados solicitan al Gobierno impulsar iniciativas legales destinadas a modificar la entrada en vigencia del artículo primero transitorio de la Ley 21.131, respecto a agricultores de la región de La Araucanía y demás regiones agrícolas que se encuentren en imposibilidad material de cumplir la ley.

El texto expresa que este constituye un tratado internacional trascendental para el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores mineros, en especial, respecto al derecho a la consulta y participación en las medidas de seguridad y salud aplicables a los peligros y riesgos presentes en la industria.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos de protección, seguidos ante la Corte de Santiago.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

El ente contralor sostuvo que tanto los certificados acompañados por la recurrente, como los documentos aportados por esa cartera de Estado, no son útiles para acreditar que la recurrente se haya desempeñado en el referido cargo durante todo el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1976 y el 30 de junio de 1987.

El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, constituye un principio esencial del Derecho, la proscripción de la auto tutela.

No se advierte inconveniente en que los municipios establezcan en sus ordenanzas que corresponde a los establecimientos colindantes a los bienes nacionales de uso público administrados por las municipalidades, reparar los pavimentos de las aceras.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 3, 15, 21 y 24 de la Constitución.

El Tribunal de Alzada señaló que la recurrida perturbó o amenazó el derecho que le asistió a la recurrente, a ser reconocida como una sociedad cumplidora de sus obligaciones laborales