Los magistrados avalan el «ejercicio de ponderación» que llevaron a cabo los tribunales franceses entre los «intereses» que había en juego: el derecho de Guimon al «respeto a su vida familiar» y la «seguridad pública» y la «prevención de los desórdenes» públicos.
El ente contralor llegó a esa conclusión considerando el marco normativo, los principios de eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones.
El artículo aborda el estudio de las responsabilidades emergentes, analizando el esquema general que caracteriza la actividad hípica, teniendo en cuenta el factor de imputación objetivo.
Sin embargo, el máximo Tribunal revocó la sentencia solo en aquella parte que dispuso remitir copia de los antecedentes al Ministerio Público.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación de protección, seguidos ante la Corte Suprema.
El máximo Tribunal señaló que, a la época en que se presentó la demanda, el abogado tenía facultades para representar al ejecutante y en mérito de ello, podía deducir la acción intentada.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección en actual tramitación ante la Corte de Rancagua.
Los recurrentes se basaron en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo en relación con el artículo 19 Nº 3, de la Constitución Política, y los artículos 425, 431 y 434, del Código del Trabajo.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Carmona, quienes estuvieron por acoger el requerimiento.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que declaró abusivas las cláusulas cuarta, décima y decimosegunda del contrato signado con el número 35.915, con declaración de que resultan también nulas y sin efecto las cláusulas cuarta, décima y decimoctava.
