No existe evidencia de ninguna advertencia previa de la empresa para corregir la supuesta desconexión voluntaria.
No era necesario agotar previamente la vía administrativa.
Cuando la persona buscada corre el riesgo de ser sometida a un trato inhumano y degradante en caso de extradición a su país de origen, los tribunales deben desestimar la solicitud de extradición.
Así lo establece una moción de los senadores Juan Castro, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens, Kenneth Pugh y David Sandoval, quienes señalan que «es importante considerar que la supresión y reemplazo de símbolos patrios como la bandera o el himno nacional, solo ocurren en medio de eventos históricos traumáticos en las sociedades, caracterizados estos por la generación de inestabilidad y sus altas cuotas de incertidumbre”.
Es fundamental que se mantenga a la Controlaría General de la República como un organismo autónomo constitucional debido al crucial rol que cumple al ejercer un contrapeso a las labores y poder de la Administración del Estado.
El servicio deberá asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. Deberá garantizar, en el ámbito de su competencia y atribuciones, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección.
La obligación de un pago previo constituiría una limitación al ejercicio del derecho a la defensa del requirente.
Los hechos y pretensiones del recurso exceden las materias que deben ser conocidas a través de esta acción atendida su naturaleza cautelar.
La asesoría jurídica recibida por la recurrente, prestada por la institución a la cual se derivó su caso, obtuvo un pronunciamiento favorable, lo que impide sostener que haya quedado desamparada.
El tipo penal no señala qué clase de conducta debe realizar un ciudadano para poner en peligro la salud pública y verse en consecuencia expuesto a una persecución criminal y eventual imposición de pena.
