El recurrente estimó que, no existió un obrar arbitrario, alejado del ordenamiento jurídico por parte de la recurrida.
La Corte de Santiago indicó que, cualquier acción que la recurrente estimó conveniente para proteger sus intereses debe hacerse valer en el marco de ese procedimiento concursal.
El hecho de que un juez nacional haya planteado una cuestión prejudicial que resulte inadmisible no puede conllevar que se incoen procedimientos disciplinarios contra él.
El ente contralor sostuvo que, esto, siempre y cuando el proveedor acredite que se mantiene pagando las remuneraciones y cotizaciones de sus trabajadores.
La Magistratura constitucional adujo que, de aplicar los preceptos impugnados en el caso en específico, se vulnerarían las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que, el no pago de estas obligaciones por parte de personas con capacidad económica para hacerlo, implica un abuso del derecho y el correlativo desconocimiento de sus deberes.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, que aprobó la sanción aplicada a la recurrente por la Inspección del Trabajo Sur Oriente.
El Tribunal de alzada solicitó a los recurridos remitan «conjuntamente todos los antecedentes necesarios al efecto, bajo apercibimiento de prescindirse de él y de aplicársele algunas de las medidas contempladas en el numeral 15 del Auto Acordado que regula la acción constitucional de protección, si así no lo hiciere».
El máximo Tribunal acogió recurso de casación en el fondo deducido y, en sentencia de reemplazo, ordenó la reinscripción solicitada.
El oficio del CPLT insta a que el informe contenga detalles de gastos, insumos, número de test, funcionarios médicos y de salud destinados a enfrentar la pandemia.
