El Estado tendrá que reparar a la víctima, adoptar medidas de no repetición, y emprender acciones que fomenten la educación en materia de derechos sexuales, reproductivos y de no discriminación de personas con VIH.
Vulneraría el debido proceso.
La resolución precisa cuándo debe imputarse los 30 minutos destinados por el legislador al efecto.
El tipo penal es abierto y no cumpliría el estándar constitucional que el principio de legalidad exige.
Esto, en la medida que el legislador no consagre una norma en sentido contrario, en cuyo caso corresponderá ajustarse a ella.
La información que fue entregada por la requirente a la autoridad se realizó bajo la confianza legítima de que el órgano no la divulgará de una manera más extensa que la expresamente autorizada por el ordenamiento.
El pago en dichas circunstancias implica un enriquecimiento sin causa del proveedor.
Se configuró una violación directa del derecho fundamental a fundar o constituir partidos políticos.
Se debe explicitar que la constitución de garantías personales o reales por parte de un particular, con el fin de posibilitar el otorgamiento de un crédito destinado a un candidato o a un partido que lo utilizará para financiar campañas electorales, constituye un aporte privado, y ha de ser explicitado y debidamente publicitado.
Los Estados tienen la obligación de situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y desarrollo.
