Notificada la demanda existe un plazo de 15 días para contestar, más el término adicional establecido en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil.
La Comunidades Autónomas deben respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales.
El fallo concluye infiriendo que la autoridad recurrida al rechazar la tramitación de la migración de televisión analógica a la digital, lo hizo en el marco de sus atribuciones legales.
La gestión pendiente incide en los autos sobre incidente de incompetencia de que conoce vía apelación la Corte Marcial.
Además, la iniciativa establece que el juez pueda condenar al infractor a realizar trabajos de limpieza durante una semana de los lugares afectados.
Iniciativa comprende multas de mayor cuantía para quienes cometan infracciones, nuevas sanciones a quienes dupliquen títulos, permite a los fiscalizadores ingresar a predios y llamar a la fuerza pública. Además, sanciona la reincidencia de delitos, velando por la sustentabilidad de los acuíferos y disponibilidad de las fuentes.
La Contraloría planteó ante el Senado que la Corte Suprema carece de atribuciones para determinar, a través de una acción judicial de mera certeza, el sistema de previsión de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La Fiscalía Nacional Económica señala que “al haber más actores (compradores de baterías de países extranjeros, en que el precio que se paga por este residuo puede superar al que se paga en Chile), el funcionamiento del mercado será más competitivo y se generarán incentivos para que una mayor cantidad de baterías sean recicladas”.
El Tribunal concluyó que el estudio antropológico presentado por la empresa “es metodológicamente precario y poco riguroso” por lo que no existe evidencia suficiente para descartar la afectación a la comunidad.
El máximo Tribunal confirmó la resolución recurrida, que acogió la acción cautelar presentada por Livis Bonilla Sinisterra, en contra la resolución exenta que lo expulsó del país por un delito que habría cometido en Colombia en 2004.
