La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Valdivia, que revocó aquella de base, y en su lugar, declaró abandonado el procedimiento. El demandante accionó contra la Tesorería General de la República, solicitando la prescripción extintiva de una deuda. El 23 […]

La resolución puntualiza que el delito de evasión puede relacionarse con el delito de fuga, tipificado en los artículos 299 a 301 del Código Penal, sin embargo, este ilícito solo contempla como sujetos activos a los agentes que custodiaban al detenido, y no castiga directamente a la persona que se fuga; por lo tanto, no se cumple con la doble incriminación exigida para dar lugar a la extradición.

La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.

En el presente artículo busco explicar, precisando mi rol como uno de los abogados patrocinantes, el requerimiento presentado por 17 H. Senadores y H. Senadoras sobre la indicación presentada por la oposición que mutualiza lo que las Isapres deben devolver conforme al fallo de la Excma. Corte Suprema, a efectos de aportar al debate público sobre esta acción y su conocimiento por el Tribunal Constitucional que ocurrirá en los próximos días.

La iniciativa busca impulsar los proyectos de energía geotérmica que usan -en forma directa- el calor de la tierra entre los cero y 400 metros de profundidad, y bajo los 90 grados Celsius.

El primer cambio conocido por los integrantes de la instancia mixta corresponde al cambio de nombre del mensaje. Ahora se propone denominarlo: proyecto que crea el Sistema de Acceso Priorizado (SAP) para determinadas intervenciones sanitarias.

En particular, se solicitó la opinión de la Corte Suprema en relación a algunas de las normas del texto aprobado, en segundo trámite constitucional, por la referida Comisión.

La regla general es la aplicación de las normas del Código del Trabajo y afines, no obstante que la empresa se encuentre sometida a un procedimiento concursal, por lo que en principio las de la Ley N°20.720 no rigen en un juicio ejecutivo laboral seguido en contra de aquella. Sin embargo, cobran vigencia en caso de que se trate de obligaciones que gozan de preferencia de primera clase, reglados en el artículo 2472 del Código Civil, que, en su número 5, referida a las previsionales, puesto que la norma de excepción obliga a la suspensión de la ejecución y realización de bienes.

El tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que la institución penitenciaria ha vulnerado derechos constitucionales de las privadas de libertad e instrumentos internacionales ratificados y vigentes en Chile sobre la materia.

El tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad recurrida al verificar que los actos reclamados han sido dictados por autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, cumpliéndose con los requisitos, trámites y etapas para su adopción, constándose que la SCJ actuó conforme a derecho al momento de decidir poner término a la evaluación de la oferta presentada por la reclamante, y posteriormente rechazar la reposición deducida.