Se deberán establecer planes que fomenten su inclusión, y asegurar financieramente su acceso a programas y establecimientos educativos hasta los treinta y cinco años.
En medio de la diligencia realizadas por el personal de aduana en virtud de una fiscalización de un vehículo sospechoso que intentaba ingresar al país, se encontró un total de 25 cachorros de distintas razas que provenían de Argentina y debían ser entregados a sus compradores en nuestro país
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que las declaraciones de la autoridad sanitaria se suscriben al marco regulatorio que rige al ministerio y con las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia.
El fallo señala que para adoptar tal decisión la sentencia de primera instancia señaló que Inmobiliaria Aconcagua S.A., no ha celebrado ninguno de los contratos de promesa de compraventa de inmuebles cuyas cláusulas se imputan ser abusivas, sino que estos contratos habrían sido suscritos por sociedades filiales, que no fueron emplazadas al juicio.
El tribunal desestimó la acción al considerar que no se encuentra probado que se haya producido el accidente y, por ende, su vinculación con los trastornos a la salud e, incluso, la muerte de algunos de los demandantes.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, que estableció que la demandante accionó fuera de plazo, más de cuatro años después de conocidos los hechos.
El CBR fundó su abstención en el artículo 55 del Reglamento Conservatorio, que exige la concurrencia de todos los herederos para disponer de un inmueble hereditario previo a la partición.
El funcionario desvinculado alegó que el acto administrativo que puso término a su contrata no estaba fundado, puesto que sólo citaba normas y jurisprudencia, sin exponer las razones de su cese de funciones.
El CBR de Mariquina, rechazó cancelar las inscripciones especiales de herencia de tres inmuebles excluidos de un inventario de posesión efectiva, al observar que no concurrió en la solicitud un tercero interesado que se encuentra litigando las mismas propiedades con los peticionarios; decisión que fue confirmada por el máximo Tribunal.
Al apartarse ostensiblemente de la función judicial que les fue asignada, los acusados irrumpieron en la confianza que les fue depositada por la comunidad e inclinaron la balanza de la justicia para responder a intereses particulares, cuando conforme a los deberes y principios que se extraen de las normas y doctrina citadas, les era exigible comportarse de manera eminentemente distinta, esto es con especial apego a las normas constitucionales y legales que regían el asunto sobre el que administraban justicia.
