La decisión fue adoptada con el voto en contra de la ministra Sandoval, quien fue del parecer de confirmar la sentencia en alzada en virtud de no configurarse en este caso la falta de servicio alegada por los demandantes.
No resulta posible requerir la entrega de ésta, puesto que no constan en este expediente antecedentes que permitan controvertir la alegación de inexistencia.
La Corte revocó la sentencia apelada y, en su lugar, declaró que se acoge el recurso interpuesto en favor del amparado.
Se consultó acerca de la pertinencia de celebrar, en general, contratos de mandatos en calidad de mandatario con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
El fallo concluye revocando la sentencia impugnada y declaró que el recurso de protección deducido es admisible, debiendo dársele la tramitación pertinente.
El dictamen acoge lo planteado por la Municipalidad de Pudahuel en el sentido de que no procede exigir la caución prevista en el artículo 7° del decreto ley N° 799, de 1974.
La recurrente estimó vulnerada la igualdad ante la ley y el derecho a la protección de la salud.
Otorgar acceso a la reclamante a lo pedido conllevaría la distracción de los trabajadores del cumplimiento habitual de sus funciones.
La decisión fue acordada con la prevención de la Ministra Egnem.
El Tribunal Constitucional español acordó la suspensión de la vigencia y aplicación del Decreto impugnado.
