Tras constatarse la existencia de madrigueras activas que pueden corresponder al hábitat de los roedores endémicos Degú (Octodon degu) o Cururo (Spalacopus cyanus), las cuales no fueron consideradas en la evaluación ambiental del proyecto.
Advierte el Pleno que la forma de enfrentar este déficit pareciera no ser la más acertada. En efecto, señala, el proyecto se centra especialmente en regular criterios y estándares probatorios que la judicatura debe seguir para su otorgamiento, pero lo hace de una forma inorgánica.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la administradora de fondos de pensiones al denegar la solicitud por no existir una declaración jurada del excónyuge de la causante, cuyo matrimonio fue anulado en 1987.
El contrato a plazo fijo de la actora fue renovado en más de dos ocasiones, circunstancia que tuvo el efecto de transformar el contrato a plazo fijo en uno indefinido, por lo que el término del mismo debió sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo.
De acuerdo al artículo 2415 del Código Civil no prohíbe la venta, como tampoco una prohibición convencional, cuya contravención no afecta su validez, sino que es un incumplimiento contractual que acarrea las sanciones contempladas en el artículo 1555 de ese Código. Civil.
La Dirección Nacional de Personal de Carabineros se encuentra legalmente facultada para ordenar los traslados de los funcionario en atención a las necesidades policiales de la institución.
El máximo Tribunal consideró que en razón del informe emitido, el amparado puede optar al beneficio al no verificarse que posea índices de reincidencia o factores de vulnerabilidad.
El máximo Tribunal concluye al mismo resultado se arriba con el vicio acusado, pues el recurrente reconoció adeudar al demandante el monto cobrado en juicio.
Por correo electrónico se comunicó el cierre del trámite al amparado, que esperaba su otorgamiento para poder reunirse con su hijo en Chile.
La disputa debe discutirse en un procedimiento que asegure a las partes el pleno respeto de sus derechos, especialmente, el derecho a la prueba, propio de un proceso racional y justo.
