Con la sola exhibición del comprobante de consignación de la indemnización fijada por la Comisión Tasadora, sin más trámite adicional, por lo que no procede oponerse en aspectos procesales y técnicos no son susceptibles de resolverse por esa vía, sino que en un juicio declarativo ordinario.

El actor pidió que se reconociera un período de 7 años en los que estuvo sujeto a contratos de honorarios, hecho que se vio interrumpido por un lapso de cuatro meses en que estuvo contratado bajo la Ley N°18.883, no existiendo continuidad en el período que pide reconocer como único.

La comunicación y visitas del progenitor que no ostenta la guarda permanente del hijo menor de edad se establece como un derecho del que podrá gozar en los términos que se señalen judicialmente. El criterio que ha de presidir la decisión que corresponda adoptar al juez, debe ser necesariamente el del interés superior del menor, ponderándolo con el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no por ello resulta desdeñable.

El artículo 543 del Código de Comercio determina que la justicia ordinaria o un tribunal arbitral es competente para resolver las disputas que se generen entre las partes del contrato de seguro, sin distinguir por la materia de esa disputa, tornándose irrelevante que los hechos denunciados configuren una infracción a la Ley del Consumidor.

En caso contrario, el juez vulnera el derecho a defensa del imputado que no puede conocer los motivos que el tribunal tuvo en vista para su decisión, mermando con ello su derecho a recurso.

El recurrente impugna una sentencia que niega el cobro de un pagaré que contiene una obligación insoluta de un préstamo de dinero, pero no desarrolla en su argumento la infracción al artículo 2196 del Código Civil respecto del mutuo.

La Convención se encontraba habilitada para suscribir acuerdos con entidades públicas, con la finalidad exclusiva de que se permitiera facilitar sus actividades de participación ciudadana.

No es posible aceptar como justificación que el registro no genera antecedentes policiales, pues en la práctica está claro que su acceso, indebido o no, genera efectos negativos o perjuicios más que evidentes a quienes ven perjudicadas sus expectativas laborales por el solo hecho de figurar en el mismo a razón de valoraciones o estigmatizaciones de tipo social.

Para establecer el cumplimiento defectuoso de una sentencia, deben configurarse dos elementos: i) retardo en el cumplimiento; y, ii) falta de justificación para el retardo. Ambos elementos se han verificado en el caso concreto.

La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos, situación que continúa erosionando las reglas democráticas. En una sociedad democrática los derechos y libertades de las personas, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada completa que adquiere sentido en función de los otros.