El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario al no justificar la rebaja del grado 9 al grado 8 de una funcionaria de Gendarmería.
El ente contralor concluyó que no se advierte inconveniente jurídico en la realización del procedimiento que, precisamente, tuvo por objeto que el Consejo pudiera acceder a información que le permitiera velar por el cumplimiento de la citada ley.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del derecho a la vida e integridad física y psíquica, además de su derecho de propiedad.
La compañía debe informar de su potestad de vigilancia.
El Tribunal de alzada revocó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Collipulli, el sábado 10 de agosto pasado, y ordenó la libertad inmediata del comunero mapuche.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que ordenó a Chilquinta pagar al Fisco $ 221.608.878.
El Tribunal de alzada revocó la resolución apelada y ordenó al tribunal, tramitar por juez no inhabilitado, las resoluciones que en derecho correspondan.
El Tribunal rechazó la acción judicial deducida, tras establecer la falta de sustento de la denuncia por el supuesto intento de conformar una organización paralela con trabajadores de Sittrach.
El Tribunal de alzada confirmó la multa de 15 UTM aplicada a la empresa, pero rebajó el monto de la indemnización por daño moral a $500.000.
